Redacción – Alberto Abad se niega a autorizar negociados de allegados al presidente y por eso fue puesto en la mira por el entorno de Macri. ¿Puede el mandatario no saber lo que pasa?.
Alberto Abad, el titular de la AFIP, tiene dos características que le reconoce todo el mundo de los negocios: su capacidad profesional y de organización y su honestidad a prueba de cualquier tentación u órden «de arriba».
Lo supo Cristina Kirchner cuando lo eyectó del cargo para poner en su lugar, tras un corto interinato de Carlos Fernández, a un hombre que por estas horas está en boca de todos: Ricardo Etchegaray.
Que la presidente haya preferido a éste último al frente del organismo que maneja la recaudación y la Aduana exime de cualquier comentario.
¿No lo sabía Mauticio Macri cuando lo convocó a volver a su viejo puesto?. ¿O no lo sabían sus colaboradores?…¿o lo sabían todos y no fueron capaces de creer en la honestidad del funcionario?.
Y hoy en los despachos de Balcarce 50 enfrentan la encrucijada de no saber que hacer con un hombre que no cede a las presiones ni a los negocios poco claros.
Mercado Libre deberá devolverle al Estado unos $500 millones porque no le correspondería acceder a los beneficios impositivos y laborales de los que hoy goza a través del Régimen de Promoción de la Industria del Software.
Es una de las empresas favoritas de Mauricio Macri. Sin competencia real, algo en lo que no están ajenos funcionarios demasiado cercanos al presidente como para que no existan sospechas de un monopolio amañado, el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, es un promotor de la flexibilización de los mercados, de las condiciones de trabajo y del sistema de afiliación sindical. Algo que suena a música en los oídos de Macri y los suyos.
Hace algunas semanas el CEO entró en pánico cuando Amazón, el gigante del comercio electrónico anunció sus intenciones de ingresar al mercado argentino. Galperín entendió que su posición privilegiada estaba en riesgo y no dudó en pedir al Estado que intervenga.
La empresa cuenta con el ministro Francisco «Pancho» Cabrera como aliado clave y desde Producción dejaron entrever que sostendrán la postura de mantener a la compañía dentro del régimen.
La nota de la Afip derivó en la apertura de un expediente en Producción y ahora Cabrera tiene 90 días para decidir si mantiene a la empresa con esos beneficios impositivos.
El problema para Mercado Libre es que la Afip puede reclamar esa millonaria suma aún si Cabrera emite un dictamen a favor de la empresa. Y todos saben que Abad ya tiene posición tomada.
Pero no solamente el caso de Mercado Libre se está volviendo un dolor de cabeza para los tortuosos operadores del gobierno. El titular de la AFIP enfrenta una feroz presión interna, que se traduce ya en intensos rumores sobre su posible salida del Gobierno.
La pelea en el Gabinete tiene del otro lado a Mario Quintana y José Torello, que pujan por los casos del correo OCA y el Grupo Indalo, respectivamente.
La pasión de Quintana por convertirse en «político» ya está generando roces importantes en la cúpula del PRO. En el gobierno de Vidal no cae nada bien que baje directamente fondos a los intendentes, puenteando al gobierno provincial.
El vicejefe de Gabinete pretende que la AFIP «colabore» para destrabar la negociación que él mismo encabezó por OCA, a quien pretende que el ente recaudador le otorgue un plan especial de pagos para que salde su millonaria deuda.
Quintana está obsesionado con OCA, una empresa que quiso controlar cuando todavía se dedicaba a la actividad privada, pero no pudo por las trabas que le impuso Hugo Moyano, que desde hace años tiene el control real de la compañía. Ahora, el vicejefe espera un fallo judicial que lo habilite a intervenir la empresa y así poder correr al camionero y hacerse con el control del correo privado y todos sus negocios paralelos.
Claro que frente a esto el propio presidente duda: sigue creyendo que el sindicalista puede «cambiar figuritas» y apoyar al gobierno en la reforma laboral si es que su posición de control en OCA no es tocada.
Por otro lado, Abad también se enfrenta a la presión de Torello, uno de los hombres de mayor confianza de Macri. El jefe de asesores de la Presidencia quiere destrabar la operación de venta del Grupo Indalo al grupo financiero OP Investments, que conduce Ignacio Rosner, a quien conoce del colegio Newman y con quien se reunió antes de que avanzara con la sugestiva compra.
Pero la AFIP sigue trabando la venta de las empresas de Cristóbal López. Es que Abad pretende cobrar una deuda de 10 mil millones de pesos de Indalo y sospecha que la operación de venta del Grupo es en rigor un salvataje a Cristóbal o una autocompra para eludir las consecuencias fiscales.
Es claro entonces que cerca de Macri hay muchos interesados en meter sus narices en negocios privados que terminarían financiados con dinero público, y eso no podrá hacerse mientras Abad siga al frente de la AFIP.
Eso, aquí y en la China, se llama CORRUPCIÓN.
¿Estará enterado el presidente?
