Aceptan cambios en la ley para expropiar bienes de la corrupción

El Gobierno negociará una nueva versión de la ley de extinción de dominio con los cambios que pidió Miguel Angel Pichetto en noviembre, cuando el ministro Germán Garavano fue al Senado.

“El Estado de derecho debe regir el derecho, no la venganza o articulación política producto de coyunturas electorales, donde todos jugamos a ver quién tira el mejor fuego artificio”, atacó ese día el jefe de los senadores justicialistas al ministro, pero no recibió respuesta.

Pichetto pide que los bienes de los corruptos se inhiban y sólo se expropien cuando haya condena. El proyecto oficial, permitía hacerlo antes.
Como había hecho unos meses antes en el recinto, exigió que la ley contemplara la inhibición de bienes y la extinción del dominio recién cuando exista condena. El proyecto aprobado en Diputados permite avanzar contra los bienes durante la investigación por casos de terrorismo, trata, lavado y corrupción, similar al que se aplicó en Colombia para combatir los poderosos carteles.

En el bloque peronista destacan que la doctrina mayoritaria exige condena y alcanza con inmovilizar los vienes hasta que esta se produzca. “En el Gobierno son imprudentes porque si saliera la ley como ellos querían, con los problemas de offshore y blanqueos de familiares que tienen, en un futuro no muy lejanos podrían quitarles todos los bienes”, señalaron fuentes del bloque peronista.

La ley de extinción de dominio era en rigor un proyecto de Sergio Massa, al que Cambiemos eligió subirse este fin de semana, cuando se cumplían los dos años reglamentarios y el proyecto caducaría formalmente. Legisladores y referentes del oficialismo apuraron al bloque de Pichetto por Twitter, con el hashtag #ExtincionDeDominio.