Por Adrián Freijo – El presidente afirmó hoy que «los funcionarios que son candidatos deben dejar sus cargos”. Una actitud ética que sin embargo no está avalada por la ley. ¿Porqué no legislarlo?.
Lo primero que deberíamos afirmar es que esta nota no está escrita como crítica al presidente de la nación sino al sistema. Todos coincidimos en que aquellos que están ejerciendo un cargo de gobierno, sostenidos por el dinero de los argentinos, deberían dedicar la totalidad de sus esfuerzos a la tarea que les ha sido encomendada y por lo tanto no es legítimo que dediquen parte de su tiempo a una campaña electoral que, como todas, exige dedicación, esfuerzo y crítica al adversario.
Cuando esto ocurre el funcionario deja de ser de todos (el estado) para representar solo a algunos (el partido.
En esto coincidimos todos los argentinos y es por eso que no es ocioso adelantar que el sentido de la opinión que aquí se expresa no supone un comentario negativo hacia la figura de Alberto Fernández, aunque consideremos que son muchas las cosas a criticar de su acción de gobierno, sino a un sistema que siempre deja el comando de la institucionalidad a la impronta de quien conduce los destinos del país.
Y es que la pretensión presidencial no está respaldada por ningún ordenamiento legal del país, por lo que es lícito preguntarnos porqué el mandatario no envía al Congreso de la nación un proyecto de ley que fije definitivamente que quienes ejercen cargos ejecutivos, e inclusive quienes están ya ocupando un lugar en los diferentes legislativos, deberán renunciar a sus cargos o a sus bancas si quieren buscar una alternativa electoral.
Es bueno aclarar que no son muchos los lugares del mundo en los que exista alguna legislación que prohíba a quienes están en la función pública postularse a algún otro cargo. Pero en la mayoría de los países con una fuerte institucionalidad los controles son tan estrictos que cualquiera, desde un presidente hasta un concejal, sabrá que si la campaña lesiona la calidad de su trabajo será castigado por la ley y sobre todo por la sociedad. Allí donde la ciudadanía es respetada…todos saben que es lo que hay que hacer.
El presidente busca un golpe de efecto y, en medio de tantas versiones acerca de su escaso manejo del poder real, fijar una postura de autoridad que lo devuelva al centro de la escena y lo muestre ganando «hacia afuera» lo que no pudo conseguir «hacia adentro» que fue evitar que las listas hayan sido asaltadas por el poder omnímodo de Cristina Fernández al momento de privilegiar a quienes le responden incondicionalmente.
Pero lo ocurrido no deja de ser una oportunidad…
¿Porqué no debatir seriamente las reglas de juego para el tiempo que viene?, ¿porqué no permitir a la sociedad que conozca con nombre y apellido quienes son los que están de acuerdo con el cumplimiento de la tarea que los legitima y quienes los que siguen creyendo que lo prioritario es un triunfo electoral o su propia posición personal, por encima del mandato que pidieron en su momento a la sociedad y esta les concedió?.
Si el jefe de estado está convencido de lo que dice, que envíe sin dilación un proyecto de ley que obligue a los políticos argentinos a cumplir con aquello a lo que, al parecer frívolamente, se comprometieron.
Una ley que contemple excepciones -claramente un funcionario electo o un legislador sobre el fin de su mandato tienen derecho a una campaña que les habilite la reelección que la Constitución permita- pero que sea irrenunciable para el resto: los mandatos deben cumplirse y si por cualquier razón que no sea de fuerza mayor un senador, un diputado o un concejal abandona su banca antes de la fecha de extinción no debería poder presentarse a una elección por un término de al menos dos años.
Y en el caso de los funcionarios del ejecutivo, entonces sí, se aplicaría «de jure» y no «de facto», lo que hoy propone Alberto: ¿querés ser candidato?…renuncia antes.
Valga entonces lo afirmado en el título: Alberto se equivoca hasta cuando acierta.
Parece mentira que quien se rescata permanentemente como profesor en la Facultad de Derecho le tenga tanto miedo a convertir en ley algo que la sociedad reclama desde hace tanto.
¿O será que el sentido corporativo de la política argentina le hace temer un rechazo o el enojo de sus pares si les cierra el paso a tanta especulación y saltinbanqueo?.
Tal vez sea eso…
