Alimentos sin IVA: como decían los abuelos, huele a «engaña pichanga»

Solo para jubilados con la mínima y beneficiarios de un solo plan social, tendrá además un límite de $300 por mes. Otro anuncio del gobierno de Macri que esconde mucho de mentira y perversión.

El Gobierno envió a Diputados el proyecto para reintegrar el IVA a los alimentos, que no podrá ser inferior al 15% de los productos y tendrá un límite de 300 pesos.
El beneficio alcanzará a los jubilados que ganan la mínima, los beneficiarios de la asignación universal por hijo, de la asignación por Embarazo para Protección Social y pensiones no contributivas. Pero el Poder Ejecutivo se reserva la facultad de hacer nuevas incorporaciones al régimen.

Y excluye de la devolución de parte del IVA a «los perceptores de más de un beneficio y/o prestaciones», así como los asalariados y monotributistas y quienes tributen Bienes Personales.

Pero propone a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a suscribir acuerdos con la autoridad de aplicación del régimen «para garantizar el alcance de los beneficios» a los sujetos que cobren prestaciones similares a las antes mencionadas.

El proyecto será tratado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el macrista Luciano Laspina.

En el artículo octavo precisa que las entidades bancarias considerarán los importes efectivamente acreditados en las cuentas de los beneficiarios «como crédito computable mensualmente» contra el IVA, el llamado «impuesto al cheque» y otras operatorias en forma, plazos y condiciones que determinará la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Luego, en el punto 11 el texto advierte que «los responsables que realicen operaciones con consumidores finales, deberán aceptar todas las tarjetas comprendidas» en la norma con la excepción de que la transacción se desarrolle en localidades de menos de 5 mil habitantes o el importe de la operación sea inferior a 10 pesos.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, con el apoyo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSSES) y de la AFIP.

El proyecto enviado al Congreso lleva las firmas del Presidente, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, como interino del ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, quien se encontraba en el exterior.