Por Adrián Freijo – El enojo de Aníbal Fernández considerando una burla que se consulte al municipio sobre el emprendimiento petrolero demuestra la decadencia conceptual argentina.
“Lo de la necesidad de consultar al municipio de General Pueyrredon para decidir una cuestión de interés nacional, es una burla” dice el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández en su pretensiosa queja por el fallo del Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Martín, que frenó la marcha de la primera etapa -la de exploración- de lo que sería un amplio proyecto de explotación petrolera frente a las costas de nuestra ciudad.
Y más allá de la cuestión de fondo, que ya hemos encarado en diferentes notas y seguiremos abordando en el futuro, es este párrafo de la furiosa exposición del funcionario el que debe llamarnos la atención y hacer que, al menos por un instante, nos detengamos en el análisis de la pirámide institucional argentina, sus desvíos y falsas interpretaciones.
Porque en la Argentina que tenemos -unitaria, autoritaria, personalista, segmentada en una clase política dominante y una sociedad rehén de los caprichos de los poderosos y sobre todo corporativa al mejor estilo de las organizaciones sociales del mediados del siglo pasado en las que el equilibrio y el fragor que planteaban los sectores que la integraban marcaban el paso de la realidad- los dichos de Fernández toman sentido. ¿Para que conocer la opinión de los gobernantes, instituciones y vecinos de la ciudad directamente afectada por el proyecto si los gobernantes centrales ya resolvieron que lo que pretenden llevar adelante es bueno?.
La Constitución Nacional, y sus similares provinciales que son las que ordenan la soberanía de los estados interiores y sostienen la cesión de algunos de esos derechos propios en la conformación del estado federal, es antes que nada un pacto social y político que se basa en el espíritu de la ley que sostiene y se concreta en las formas y articulado de su redacción. Por lo tanto, cuando hablamos de cualquier derecho o razón que asista a un argentino -y los marplatenses lo somos- es ese espíritu de la ley el que debe primar por sobre normas escritas, jurisdicciones y poderes centrales o delegados, por fuertes que estos sean o se crean.
Aníbal Fernández, hijo dilecto de una formación autoritaria y corporativa que ni siquiera supo acompañar a su fundador en el último esfuerzo por «institucionalizar el movimiento» como clamaba tras su retorno a la Argentina, no podrá jamás entender que un juez frene el avance de un proyecto que no ha brindado la información suficiente, ni presentado la documentación exigible ni siquiera tomado el tiempo para convocar a los marplatenses a saber de que se trata eso de instalar gigantescas plataformas frente a su casa…aunque sea a más de 300 km.
Secuestra ese espíritu de la Constitución y lo suplanta por un sosía autoritario y centralista que pretende arrogarse el derecho de elegir y resolver sin siquiera tener en cuenta al interesado. Y es ante esta actitud que el intendente Guillermo Montenegro «se para de manos» y exige que la ciudad sea tenida en cuenta e informada debidamente.
Para el ministro el magistrado incurre en una falta al dictar la medida sin pedirle un informe al estado nacional. “El juez dijo que iba a dictar la medida cautelar sin pedir el informe previo que comúnmente precede a toda medida cautelar peticionada contra el Estado, porque se trataba de una cuestión ambiental. ¿Tiene fundamento la excepción de pedir el informe al Estado Nacional? De ninguna manera” sostiene; aunque luego deba aceptar que la norma sostiene que la cautelar «podrá dictarse sin el informe» tal cual aclara el procedimiento.
La furia del estado nacional, el enojo de quienes miran el proyecto como un posible eje de desarrollo económico para la región y de segura creación de puestos de trabajo y hasta el genuino interés comercial de las empresas involucradas, deberán esperar ahora que aparezca la información requerida, todos sepamos de que se trata y cuales son las garantías acerca de la seguridad eco ambiental, y por supuesto humana, y las respuestas a todas las preguntas que los marplatenses, a través de sus autoridades, tengan para hacer en lo inmediato.
Aunque Aníbal se enoje, el centralismo siga queriendo marcar el paso y un ministro de la nación suponga que una instancia de consulta al municipio marplatense es “una burla” como dijo el siempre provocador personaje.
El espíritu de la ley, aunque sea por una vez, pudo imponerse frente al peso de la soberbia y el poder. Y eso es muy bueno…
El tiempo y la información pondrán el resto de las cosas en su lugar.
