Bonificación docente: el doloroso resultado del desgobierno

Por Adrián Freijo – La posición legal del intendente frente al conflicto con los docentes municipales contradice todo lo afirmado por Mourelle y por él mismo. Un escándalo innecesario. 

“Ladrones, mafiosos y delincuentes” fueron algunos de los términos con los que Hernán Mourelle se refirió a los docentes municipales. Las poco felices palabras del Secretario de Hacienda contaron en los hechos con el acompañamiento del intendente municipal Carlos Arroyo quien, no contento con el apoyo a su cuestionado funcionario, recurrió a la Corte Suprema de la provincia planteando un conflicto de poderes con el cuerpo legislativo. 

Durante todo el entredicho algo quedó en claro: el D.E. sostenía que las bonificaciones cobradas por los docentes –un beneficio con treinta años de vigencia- no se sostenían en ordenamiento alguno y suponían “un robo a los contribuyentes y a las arcas del municipio”. A partir de semejante posición Arroyo procedió a quitar del salario de los trabajadores de la educación esas bonificaciones, produciendo un daño directo que en no pocos casos alcanzó a la tercera parte del ingreso de los mismos. 

Sin embargo en su presentación ante la Corte el Ejecutivo contradice estos conceptos y justifica el no pago del beneficio en la situación creada por la no aprobación del Presupuesto 2019 y no en la falta de una legislación que lo sostenga, amén de regodearse en especulaciones de orden político y argumentos técnicos que ahora parecen perecer frente a la realidad. 

 Cultor del vuelo corto, Arroyo planteó como un triunfo que el tribunal aceptara tratar la cuestión y avalara lo actuado por su gobierno hasta la resolución del tema de fondo. Algo que es de uso corriente en este tipo de diferendos y que de ninguna manera supone adelantar el criterio final que la justicia pueda fijar frente a una controversia. La Corte en definitiva solo aceptó que existe un conflicto de poderes; sobre el resto…ya se verá.

 Porque después, a lo largo del proceso, las partes deben sustentar sus dichos y demostrar a la luz del derecho sus razones. Lo que resulta imposible cuando no se las tiene… 

 Tras la enjundiosa respuesta del titular del Concejo Deliberante Guillermo Sáenz Saralegui a traves de la Dra. Carolina Morteo, el gobierno demostró la endeblez de su pretensión aclarando, en una nueva presentación, que no discute si el HCD puede o no fijar la retribución y fijar una política salarial y que mucho menos niega  la existencia de la retribución, reconocida y reglamentada por el propio Departamento Ejecutivo. 

 En un insólito acotamiento de sus afirmaciones y pretensiones precedentes, ahora Arroyo sostiene  que al haberse cambiado el modo se genera un nuevo costo que no está previsto en el presupuesto vigente.  

Pero admite, sin lugar a duda alguna, que la retribución existe y se establece en base a fundamentos sobre los cuales se calcularon los recursos para su pago. 

En buen romance, los docentes municipales siempre tuvieron razón, las bonificaciones les correspondían no solo por el derecho adquirido sino porque se sustentaban en normas aceptadas aún por el propio Departamento Ejecutivo pero… no había plata para pagarles porque el nuevo método de cálculo no estaba previsto en el presupuesto. Nada que no se arreglase convocando a los representantes gremiales, planteándoles la situación creada y acordando continuar con la liquidación histórica hasta que el HCD aprobase el presupuesto 2019, momento en el que se haría el reajuste correspondiente con la retroactividad que hubiese lugar. 

Y si existía controversia por el nuevo método de cálculo ello no obstaba a seguir pagando el beneficio y no proceder a privar a miles de docentes de un ingreso que les correspondía por derecho propio. Todo lo demás era negociable… 

Pero se eligió el camino del conflicto, del agravio y del autoritarismo como vía de “solución” de la cuestión. Y ahora, varios meses después, Arroyo, Mourelle y todos los involucrados ponen en evidencia su falta de seriedad y la irresponsabilidad con la que se maneja la cosa pública en Mar del Plata y Batán. 

Y con un alto costo social, educativo y económico que pagan los docentes, los alumnos y todos los contribuyentes del Partido de General Pueyrredón. Otra muestra de la ausencia de la política como medio de resolución de conflictos y como contrapartida un compendio de caprichos, prejuicios y torpezas que se hacen notar cotidianamente en todo lo que tiene que ver con la relación entre este gobierno, la comunidad y sus actores emergentes.

 La pregunta es…¿hasta cuándo?.