Lo ocurrido con el gobierno de La Rioja en torno a una operación financiera asesorada por el ex ministro Amado Boudou es una clara muestra de la Argentina a la deriva de hoy y de siempre.
«Estuvimos participando en una teleconferencia con el compañero Amado Boudou. Le pedimos su asesoramiento para un temita particular que es que queremos desendeudar al sector público», dijo el gobernador riojano Ricardo Quintela dando lugar a las especulaciones y las críticas de la oposición.
«Me dijo ‘vas a ir a la vanguardia y vas a hacer algo que nunca se hizo‘», destacó el mandatario. Y vaya si tenía razón…
La idea que el ex ministro y vicepresidente, que hoy cumple prisión domiciliaria pese a no reunir ninguna de las condiciones exigibles para obtener dicho beneficio, condenado por casos de corrupción durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue sintetizada por Quintela de la siguiente forma: «Tienen (los empleados públicos riojanos) comprometidos sus salarios en financieras encubiertas como Garbarino, Musimundo, Cetrocard, Tarjeta Naranja y otras, que financian la compra de los productos que ellos venden». La idea propuesta por Boudou es pagar esas deudas «con el Banco de La Rioja que, como banco promotor, fue puesto a disposición del desarrollo y el crecimiento de la provincia, y también lo queremos poner como promotor del desendeudamiento del sector público».
Para ello el gobierno provincial hará una oferta del 50 ó 60% del monto total de las deudas y de esa manera espera que «nuestros empleados públicos puedan administrar en forma más eficiente su propia plata».
La idea de utilizar fondos estatales para resolver la situación financiera de los empleados de la administración supone una doble y peligrosa confusión. En primer lugar consagra en la provincia la existencia de ciudadanos de primera y de segunda -¿por qué no atender al resto de los riojanos en la misma dificultad que aquellos?- al mismo tiempo que plantea la vieja cuestión gobernantes que disponen del erario como si fuese propio y para destinos que nada tienen que ver con aquel que las leyes fundamentales del país y de la provincia fijan para la recaudación fiscal.
La Rioja es uno más de los estados provinciales que atraviesan carencias y necesidades que tienen que ver con la salud, la educación y la obra pública. ¿Es lógico que las supedite a las dificultades personales de sus empleados?. Ciertamente suena a disparate que va mucho más allá del «temita» que esgrime su gobernador.
Párrafo aparte para la falta de sentido común de asesorarse con una persona que justamente está condenada por malversar dineros públicos. No parece la persona indicada para aconsejar acerca del destino de bienes comunes que la justicia resolvió que él mismo había confundido con propios.
Es de esperar que a los riojanos esta gestión les salga más barata que a la provincia de Formosa, aquella a la que el ex vicepresidente «ayudó» a reperfilar su deuda con la nación y por lo que cobró $7,6 millones de honorarios a través de una empresa fantasma.
Demasiadas confusiones como para no temer que, una vez más, el poder político y el delito se abrazan peligrosamente a la hora de resolver sobre el futuro de los ciudadanos.
Claramente…mucho más que un temita.
