Todos quienes hemos pasado alguna temporada en Roma recordamos con temor la palabra «sciopero» (huelga). Escucharla era saber que cualquier servicio podía interrumpirse al instante.
El Gobierno italiano está dispuesto a evitar las huelgas salvajes en transportes, áreas estratégicas y servicios culturales, para evitar paros que dañaron la imagen del país en plena temporada alta.
Llevado por la rabia, el primer ministro, Matteo Renzi, ha dado su visto bueno a una nueva legislación que limitará el derecho de huelga, al tiempo que lanzó un duro ataque a los sindicatos: «Si se continúa así, tendremos que defendernos de ellos mismos».
«El gobierno protegerá los bienes comunes frente a las protestas, no siempre legítimas, que terminan por dañar a todo el país», señaló por su parte el ministro de Infraestructuras, Graziano Delrio.
Con este objetivo, el Gobierno ha presentado ya en el Senado un proyecto de ley que limita las condiciones en las que se podrá convocar una huelga en «servicios de bienes comunes que pertenecen a la colectividad» o en empresas de transporte público, sectores en los que registra la mayoría de los paros en Italia.
La primera condición es que, en estos dos ámbitos laborales, el paro solo puede ser convocado por uno o más sindicatos que representen al menos al 50 por ciento de los trabajadores. La segunda es que si la huelga es promovida por un sindicato minoritario debe celebrarse antes una votación entre los trabajadores de la empresa en el que se pronuncien a favor del paro más del 50 por ciento de los sufragios con una participación también superior al 50 por ciento.
El informe que acompaña al proyecto de ley comienza con una frase de Vittorio Foa, uno de los padres del sindicalismo italiano: «La huelga es un instrumento que se debe usar con gran mesura y sosiego». Algo que no sucede en la actualidad.
En Italia se registran más de ocho huelgas al día en servicios públicos esenciales. El 80% de los paros se realizan el viernes o el lunes, con el efecto práctico de reventar los fines de semana.
Los sectores más «calientes» son el transportes público local y la recogida de basuras. El proyecto de ley ha sido elaborado por Pietro Ichino, senador del Partido Democrático, el mayor experto italiano en materia laboral. Ichino confía en que el debate sobre la nueva ley se inicie en septiembre y se apruebe poco después: «Los grandes sindicatos han comprendido que las reglas actuales les hacen daño también a ellos, porque favorecen a los sindicatos minoritarios que actúan sin mesura». En otras palabras: los sindicatos minoritarios usan la protesta para hacer una especie de competencia desleal a las grandes organizaciones sindicales.
De hecho, ningún gran sindicato ha respaldado las huelgas recientes de Pompeya, Alitalia o el metro de Roma, por entender que las vindicaciones de una pequeña minoría no pueden bloquear todo un sistema de transportes.
Esta limitación en el derecho de huelga forma parte de una serie de reformas emprendidas por el gobierno, a pesar de los muchos vetos que encuentra en su camino: «Estamos haciendo una revolución y antes o después se enterará todo el mundo. No nos van a bloquear los vetos».
