El ex jefe de la seguridad personal del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró que el mandatario llevaba dos meses muerto cuando se oficializó la noticia.
Leamsy Salazar, encargado de la custodia del mandatario bolivariano, se encuentra exiliado en USA, desde donde reveló que Chávez no murió en marzo de 2013 sino en diciembre de 2012, pero que el hecho fue ocultado durante más de 60 días.
Guillermo Cochez, ex embajador ante la OEA, dijo que Salazar reveló esta información a las autoridades de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) junto con datos de supuestos vínculos del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con el narcotráfico.
Según la versión del ex custodio de Chávez, el caudillo caribeño no murió el 5 de marzo de 2013 como se informó oficialmente, sino a las 19.32 del 30 de diciembre de 2012.
La revelación escandaliza a Venezuela ya que en los dos meses anteriores a la muerte “oficial” de Chávez se firmaron decenas de decretos a su nombre. Los encargados de esa manipulación pública se habrían beneficiado política y económicamente con la firma de los mandatos supuestamente válidos del militar muerto.
Entre enero y febrero de 2013, siempre según la versión de el diplomático panameño, fueron firmados decenas de decretos a nombre de Chávez, quien era oficialmente el presidente de Venezuela. La revelación no aporta nombres, pero deja entender que se trató de una maniobra de su círculo más cercano, entre los que se encontraban, el actual mandatario Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, así como el desertor Salazar, en calidad de jefe de seguridad (y por lo que se ve de espía).
Más represión
Entretanto, este miércoles se conoció que el Ejército de Venezuela podrá usar armas de fuego para controlar manifestaciones. El Gobierno de Nicolás Maduro así lo ha aprobado en una resolución, firmada por el ministro de Defensa, Vladímir Padrino López y publicada el miércoles en la Gaceta Oficial.
El texto, según informa el diario El País en su edición digital, asegura que el uso proporcional de la fuerza se desarrollará en un “manual de normas y procedimientos operativos” que estará listo en tres meses.
La resolución, que no distingue entre manifestaciones pacíficas y violentas, choca con dos artículos de la Constitución venezolana. En concreto, con el artículo 68, que dice textualmente: “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”; y con el artículo 329, que sólo otorga a la Guardia Nacional competencias para mantener el orden público —siempre y cuando la policía no esté en condiciones de hacerlo— y prohíbe la intervención del Ejército.
