El Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ) ha comenzado este lunes a escuchar los argumentos de Bolivia y de Chile en su litigio por una salida al mar.
Ambos países se enfrentan en La Haya desde que La Paz pidió al tribunal, en abril de 2013, que declarase que Santiago tiene «la obligación de negociar de buena fe un acuerdo pronto y efectivo» para que La Paz logre un acceso soberano al océano.
Aunque la demandante es Bolivia, los representantes legales de Santiago han abierto el turno de alegaciones con una idea central: rechazar la competencia del TIJ. Durante una intervención que ha durado tres horas, la delegación chilena ha expuesto sus argumentos. En su opinión, sigue vigente el Tratado de Paz de 1904, que selló el fin de la Guerra del Pacífico (1879-1883) entre ambos países, y asegura el tránsito boliviano de mercancías y personas por territorio chileno camino del litoral.
Bolivia perdió sus territorios en la costa después de haber sido derrotada por las tropas chilenas en la guerra. Desde entonces ha reclamado un acceso soberano al mar que le permita exportar su gas natural, entre otras mercancías. La Paz tiene ahora libre acceso al océano pagando los costes del transporte, aunque no impuestos, para exportar cada año 1,6 millones de toneladas de níquel, plata, plomo y estaño, entre otros materiales, a través de los puertos chilenos.
“Todos los diferendos fronterizos tienen un componente legal, pero acudir a los tribunales no es siempre la solución. No pueden ser un sustituto de la falta de diplomacia. Hay que saber manejar la situación, crear las condiciones para ello y ser fiable”. Fuentes gubernamentales chilenas lamentan así en La Haya que Bolivia haya reclamado ante sus jueces una salida soberana al océano Pacífico. «El riesgo es el enfriamiento de las relaciones bilaterales entre nosotros», sostiene un funcionario chileno, informa Belén Domínguez Cebrián. El tribunal se pronunciará «a lo largo de este 2015», adelantó a EL PAÍS un alto cargo del Gobierno de Michelle Bachelet.