Por Adrián Freijo – Una vez más la sospecha y la oscuridad se extienden sobre el transporte local. La suspensión planeada de un juicio que todos los marplatenses teníamos derecho a conocer.
La firma del acuerdo entre el fiscal federal Juan Manuel Pettigiani y la defensa de los empresarios del transporte imputados en la causa “choferes fantasmas” que impulsa la resolución del caso a través de una suspensión del juicio a prueba, sin imposición de condenas, y que implica que durante dos años los acusados deben cumplir una serie de reglas de conducta y medidas reparatorias para luego ser sobreseídos, representa una vez más un subterfugio sospechoso para que los marplatenses nunca podamos llegar a conocer los profundos actos de corrupción que se han multiplicado durante años entre el poder municipal y las prestatarias que hoy monopoliza el empresario Juan Inza, el gran beneficiario en el caso de avanzar esta «negociación».
No es un dato menor que, en el caso de ser condenados, tanto Inza como los otros involucrados –Diego Basílico, Carlos Málaga y Federico Pomero– no podrían participar en la próxima licitación del servicio que prepara el actual gobierno municipal. Lo que agrega un componente fuertemente económico, y la consiguiente sospecha, a esta sorpresiva posibilidad que ahora se plantea.
Tras más de cinco años de investigación la causa logró probar que los cuatro imputados estafaron al Ministerio de Transporte de la nación en su papel en la dirección, gestión, administración o trabajo en las empresas 25 de Mayo, 12 de Octubre, Peralta Ramos y El Libertador con una maniobra por medio de la cual se cometió la defraudación por un monto aproximado a $16 millones en 2016, equivalente a más de U$S 2 millones aproximadamente.
Por lo que el argumento de la fiscalía en cuanto a que los acusados habrían llegado a acuerdos económicos con los choferes que aparecían como prestando servicio -y por los que cobraban el subsidio nacional que en realidad quedaba en las arcas de las empresas- se convierte en una verdadera incoherencia: una cosa es la indemnización o compensación por el uso indebido de la identidad de un tercero y el daño que ello pueda haber causado y otra muy diferente el apropiarse ilegalmente de fondos públicos, falsificando instrumentos legales y falseando datos básicos del cumplimiento del contrato que se está violando y que supone cantidad de unidades en la calle, frecuencias de servicio y personal utilizado a tal efecto.
Porque lo que parece que el fiscal está olvidando, u omitiendo maliciosamente, es que en base a esos datos -comprobadamente falsos- se fija la tarifa del boleto urbano de pasajeros que pagan todos los marplatenses.
El monto de la defraudación es entonces infinitamente superior a lo que fue arrancado con malas artes al ministerio y las víctimas del delito muchas más que los supuestos choferes que, además, han sido compensados.
¿No debería hacerse un cálculo acerca de lo que los números mentidos influyeron en la tarifa desde el momento en que se descubrió la maniobra?. El no hacerlo pone a la justicia más cerca de la complicidad que de su reconocida torpeza e incapacidad investigativa que, al menos en este caso, no parece ociosa ni gratuita.
La investigación, que fue iniciada durante la gestión del ex intendente Gustavo Pulti quien ya se había enfrentado a los empresarios en un juicio oral que aquellos le iniciaron por haberlos acusado siendo concejal de connivencia y corrupción con el poder municipal -causa en la que el tribunal resolvió que los dueños del transporte urbano de Mar del Plata no estaban en condiciones de demostrar su inocencia, por lo que desestimó su pretendido carácter de víctimas del delito de calumnias e injurias- estalló en enero de 2016 y ahora parece llegar a un «final feliz» para quienes han utilizado el sistema para enriquecerse más allá de la lógica, la inversión y el servicio que se habían comprometido a prestar.
Y además quedarán en condiciones de continuar con una larga tradición de corruptelas que, es de esperar, la administración de Guillermo Montenegro -víctima y no victimaria de este estado de cosas- pueda poner en caja abriendo una licitación transparente, sin las presiones de las viejas complicidades patronal-sindical y en la que nuevos actores, con nuevas garantías y fuertes controles puedan participar con sus ofertas de un mejor servicio.
Será el Ministerio de Transporte de la Nación, la víctima directa de la maniobra, el que decida si hace lugar al acuerdo arribado o por el contrario exige que la causa termine en el juicio oral y público que estaba previsto. Aunque quienes esperaban por esta última opción no son muy optimistas: «poderoso caballero es Don Dinero» y cuentan que mucho se ha movido en las últimas semanas por algunos despachos de aquí y de allí…
Hubiese sido una oportunidad fenomenal para que los vecinos viesen desfilar por los estrados tribunalicios a empresarios, sindicalistas, funcionarios de varias administraciones, responsables del control del servicio y de la información brindada, encargados del manejo de los instrumentos informáticos que indudablemente fueron manipulados para mentir los datos que se volcaban acerca de frecuencias y unidades y todo lo que tuvo que ocurrir para montar una estafa que en esta causa abarca algún período pero todos sabemos que se arrastra desde hace décadas.
Algo que queda visto, ni a la justicia ni a los procesados les interesa que pueda llegas a ver la luz alguna vez.
