Un fallo de cámara de la CABA disparó una crisis institucional sin precedente a la que el gobierno respondió con el manual del kirchnerismo en el poder: descalificación y complicidad gremial.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires falló hoy a favor de la presencialidad de las clases en el distrito, al pronunciarse sobre una presentación hecha por organizaciones de docentes contra el Decreto de
Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional que establece la suspensión de la actividad por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para contener la segunda ola de coronavirus.
El tribunal resolvió «hacer lugar a la queja interpuesta y en consecuencia admitir el recurso de apelación; disponer la suspensión de lo dispuesto en el artículo 2°, párrafo tercero, del DNU y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires», según el fallo, al que accedió Télam.
La Cámara de Apelaciones está compuesta por los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Macchiavelli.
La Justicia falló ante la presentación de un grupo de docentes nucleados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas.
Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) de Capital ratificó que mañana realizará un paro, al advertir desde sus redes sociales que «en las escuelas siempre enseñamos a respetar el orden de prelación de las leyes, la Constitución Nacional y el pleno ejercicio de la democracia en el marco del Estado de Derecho».
Mientras tanto el presidente Alberto Fernández afirmóque el fallo de la justicia porteña a favor del dictado de clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires genera «un estrago jurídico» porque toma medidas que son «del exclusivo resorte de la Justicia Federal». A tal punto llegó la sorpresa en su administración que inclusive el mandatario terminó legitimando los pasos de Horacio Rodrígez Larreta en el conflicto al afirmar que «por eso la ciudad fue directo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
Sus argumentos fueron sostenidos por el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria quien destacó destacó la decisión del presidente de «preservar la vida de miles de argentinos» y dejó claro que «no dictó políticas educativas» en referencia al fallo de la justicia porteña al que calificó de «mamarracho jurídico» con una sola explicación que es «política«.
