El caso Micaela vuelve a poner en el centro de la escena un viejo debate argentino. Y una vez más la opinión pública, fogoneada por los medios de comunicación, se muestra inculta y equivocada.
A la gente le ponen un micrófono y dice cualquier burrada. Y eso es bueno, porque no hay nada más útil que los medios que transmiten el pensamiento de la sociedad.
Lo que es malo es que los comunicadores no sean capaces de discernir cuando el pueblo entrevistado se deshace en disparates, y acompañe la brutalidad con el ñoño argumento de dar por bueno «lo que la gente piensa».
Entonces una enfervorizada vecina, dichosa por salir en un noticiero que promocionará entre todas sus amistades, brama furiosa diciendo que nuestro Código Penal es una puerta giratoria y que hay que cambiar las leyes para que violadores y asesinos pasen el resto de su vida en la cárcel. Y decenas de programas televisivos que rapiñan ráting revolviendo en la «pelela» humana, llegarán a convertir en figuras mediáticas a estos pichones de los que se creen duros y son tan solo…incultos.
Porque debe haber pocos códigos más duros, y con penas más duras, que el viejo y querido Código Penal de la República Argentina.
Lo que en nuestro país están muy flojos de papeles son los códigos que reglan el procedimiento penal y sobre todo los que regulan la ejecución de las penas. Porque todos ellos dejan en la subjetividad de los jueces la aplicación de los artículos del código madre (el Penal, nacional o provincial) más allá de los que la lógica indica.
Una ley de ejecución penal mucho más «angosto» en la autorización para que se cumpla una pena, hubiese inhibido al juez Carlos Alfredo Rossi del disparate de poner en la calle a un violador reiterado que además tenía dictamen negativo de la junta que había evaluado su estado psíquico para retomar la libertad. Y aunque en cualquier país con un grado mínimo de civilización este hombre terminaría preso, esa no es la cuestión de fondo.
Porque no se trata entonces de endurecer agregando años a la pena sino de limitar al máximo posible la chance de un magistrado de interpretar la norma de acuerdo a sus miradas personales. La que debe tener convicciones es la república, no sus administradores.
Lo que debemos exigir es que los jueces conozcan el derecho argentino y que este sea tan claro que no puedan ellos aplicarle sus particulares interpretaciones.
A Micaela no la mató su violador, ni el juez que lo puso en la calle ni los ciudadanos opinando desde la furia por los medios. A esta chica, como a tantos otros, la mataron todos ellos por lo que hicieron puntualmente y cada uno de nosotros por representar un país que habla todo el tiempo sin saber de que habla.
No entenderlo, es tan solo esperar sentados la próxima muerte.
