La población civil armada para defenderse del delito es un problema que no encuentra solución en el ámbito institucional.
En la pantalla de TV se reitera el debate. Armarse o no contra la inseguridad. Matar o no a quien pone en riesgo nuestra vida o la de nuestros seres queridos. “Si le hace algo a mi familia, lo mato”, dice un hombre, desencajado. El tema no es nuevo, pero en el último tiempo, estimulado quizás por las demoras de la Justicia y las ausencias reiteradas del Estado en situaciones delictivas, se ha potenciado.
En Argentina circulan alrededor de dos millones de armas de fuego, de las cuales sólo la mitad está registrada. Las restantes (aproximadamente 800.000) integran el circuito ilegal, conformado por las que se utilizan para actividades delictivas y las que están en los hogares pero no han sido registradas.
En este esquema, el caso de Buenos Aires es muy particular, ya que es la provincia con mayor proliferación de armas respecto de la situación promedio de todo el país. Su uso en homicidios es cercano al 80 por ciento, y los suicidios alcanzan el 40 por ciento. Se observa además que la mayor parte de estos casos se dan en comunas del Conurbano, donde existe una gran concentración de población. Y de acuerdo a las estimaciones con relación a los registros, sólo el 35 por ciento de estas armas está blanqueado.
A mediados de octubre, el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, decidió suspender por 90 días la venta de armas de fuego. Ya se habían producido 117 asesinatos en todo el país, y la cifra marcaba un alarmante ascenso con respecto a lo sucedido en 2013.
En Buenos Aires, este tema ya había sido planteado por el jefe del bloque de diputados del FAP, Marcelo Díaz, quien meses atrás había presentado un proyecto de ley que establecía la prohibición de la “comercialización, tenencia, portación y otorgamiento de permisos de uso de armas de fuego de uso civil en todo el territorio durante el plazo de tres años”.
La propuesta, que tuvo una fuerte reacción de parte de los “legítimos usuarios”, aquellos que estaban registrados, generó la idea de algunos cambios. “Yo no voy a ir en contra de un derecho adquirido, sino que es establecer herramientas de regulación con el fin de que la sociedad no se arme para combatir la inseguridad”, afirmó Díaz, y aclaró que la iniciativa inicial, que se encuentra en la comisión de Seguridad, tendrá varios cambios en este sentido.
En la misma comisión está el proyecto de ley presentado por Marcelo Saín, diputado de Nuevo Encuentro. Esta propuesta establece la creación de una Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas, encargada de desarrollar estrategias para “prevenir y reducir la violencia con armas”.
A esto se suma la iniciativa del Ejecutivo, aprobada a mitad de año en el Senado y que espera tratamiento en Diputados. La misma determina mecanismos de destrucción de armas secuestradas en causas penales, y el secuestro de armas utilizadas en casos de amenazas, hechos de violencia familiar, de género o cualquier otro conflicto violento entre particulares. La propuesta, que había tenido una buena recepción en la Cámara Alta, con la campaña de “armas cero” fogoneada por el Gobernador, Daniel Scioli, se estancó en Diputados. Allí, las posiciones entre bloques no son coincidentes y, además, la llegada del fin de año y la discusión sobre el Presupuesto frenan cualquier avance.
Pero el tema será, sin duda, motivo de debate el próximo año, cuando la carrera electoral ya esté en plena marcha y el tema de la seguridad primero entre los puntos de la agenda.
