Los hechos de corrupción ocurridos durante la década kirchnerista siguen apareciendo día a día. El volúmen del dinero público que se ha ido por ese agujero negro supera todos los cálculos previos.
Aunque parezca insólito solo pensarlo, en ese volúmen nauseabundo puede estar el principal reaseguro para la impunidad de la propia ex presidenta, su difunto marido y mentor y los centenares de funcionarios que se apropiaron del esfuerzo y el trabajo de los argentinos. Porque el abuso ha sido de tal magnitud que se necesitarán décadas enteras para llegar a determinarlo y haría falta un fuero especial -tal vez de mayor envergadura que la suma de todos los hoy existentes- para llegar a juzgar a los responsables y lograr juntar una prueba que seguramente chocaría con un ordenamiento legal que con la complicidad del Congreso de la Nación dictó normas que convertían lo delictivo en prerrogativa del estado.
Argentina fue durante más de diez años un territorio de ladrones y,en el mejor de los casos, aprovechadores seriales que construyeron un estado legalmente prebendario, aunque lejos de toda legitimidad moral y constitucional.
Dicho en buen romance, en nuestro país se votaron y tuvieron vigencia leyes que autorizaban a los gobernantes a apropiarse del erario público como si fuese propio. Así de sencillo…
Gigantesco desafío para el actual gobierno, aún más inmenso para el sistema de justicia nacional pero y por sobre todo para una sociedad que no debe caer, una vez más, en la remanida costumbre del olvido, la justificación y aún el hartazgo.
Perseguir a los ladrones hasta sus madrigueras y por todo el tiempo que sea menester, se convierte entonces en una necesidad cultural para un país que de no hacerlo no cambiará jamás.
Así como los argentinos hemos asumido que quienes violaron los derechos humanos deben pagar con el encierro sus horrendos crímenes -y aún esperamos que quienes lo hicieron desde otra justificación ideológica también sean juzgados- y con ello nos hemos asegurado que nunca más se agravie a los derechos humanos básicos en nuestro suelo, hoy tenemos que exigir que los actos de corrupción sean puestos en la misma balanza y el castigo a quienes los cometieron sea igual de ejemplificador.
Solo así mereceremos ser considerados una república y solo así nos convertiremos en ciudadanos.
