Por Adrián Freijo – Una vez más la justicia decreta la inocencia de un juez que ha sufrido la más perversa persecución de la que se tenga memoria en democracia. Historia de una venganza.
Hubo un tiempo en el que el miedo, la violencia institucional, la alianza criminal entre civiles y militares y el atropello sistemático a las instituciones se habían enseñoreado en la Argentina. Y Mar del Plata fue seguramente una de las ciudades más golpeadas por aquella sinrazón cuyas consecuencias perduran hasta nuestros días.
Y la justicia, encarnada en sus funcionarios pero especialmente en letrados comprometidos con los derechos humanos, laborales y civiles, fue blanco preferido de quienes pretendieron imponer desde el terror un modelo de privilegio para unos pocos y de silencio y miedo para la gran mayoría.
El ataque al Colegio de Abogados del Depto. Judicial de Mar del Plata fue el más atroz que haya sufrido una institución de este tipo en toda la república. La llamada «Noche de las Corbatas», junto con el secuestro y asesinato de otros profesionales locales, marca un hito en la persecución que la dictadura hiciese de todos aquellos que, aún en las circunstancias excepcionales que vivía el país, intentaban mantener viva la llama de un estado de derecho por entonces imposible.
Ni las autoridades del Colegio ni los pocos profesionales que se animaban a gestionar hábeas corpus o patrocinar acciones contra las todopoderosas y protegidas corporaciones, podían hacer nada para torcer la decisión represiva de las Fuerzas Armadas y una impunida que, recién cuatro décadas después, ha quedado palmariamente demostrada en las causas por violaciones a los derechos humanos que se llevan adelante en todo el país.
Y esa impotencia -más allá de los intentos e intenciones- llegaba también al ámbito de la justicia. Así uno de los funcionarios testigos en la causa que ahora llega a su fin sostuvo que “…no existieron héroes en el Poder Judicial, porque las Fuerzas armadas no hubieran admitido en ninguna circunstancia que ningún Juez de la República, de cualesquiera de sus fueros investigaran los vejámenes, torturas y asesinatos que habían desatado como cabal expresión del terrorismo de estado y nada permitían investigar en lo que tenga que ver con secuestro o desaparición de personas».
Sin embargo hubo funcionarios que se atrevieron a ir hasta el límite de lo que les estaba permitido. Y sin duda uno de ellos fue el Dr. Pedro Federico Hooft quien, al decir de otro de los testigos calificados de la causa el Dr. Rubén Junco, reconocido dirigente socialista de Mar del Plata y además integrante del Colegio de Abogados local, “…nos ofreció toda su colaboración, pese a que ellos conocían a sus limitadas competencias, que su colaboración consistió específicamente en ofrecernos todos los habeas corpus que pudieran tramitar en su Juzgado para que sean examinadas por el representante que designara el Consejo Directivo, para que el colegio se informara de como habían actuado los profesionales o él y nos dijo también que podíamos llamarlo a sus teléfonos particulares a cualquier hora que fuera
necesario…”
La propia funcionaria de su juzgado Dra. Margarita Boeri, de larga y brillante trayectoria posterior en los tribunales de la ciudad, hizo hincapié en la insistencia de Hooft para visitar a los detenidos a disposición de su juzgado en las comisarías locales y el cuidado que ponía en interiorizarse por su estado y condiciones de encarcelamiento. Así declara que “…se hacían visitas y que sí lo acompañó…(a su juez)…. Que se hablaba con los procesados que estaban a disposición del juzgado, controlaban los plazos procesales, ya que diferían en caso que hubiera detenidos o no. Que… era muy meticuloso en el tema de las condiciones de detención y revisaba los calabozos…que revisaban los calabozos de los detenidos que se encontraban a su disposición…”.
Las presiones sobre la justicia no tenían descanso. Y jueces y fiscales hicieron en muchos casos verdaderos malabares, no exentos de alto riesgo personal, para eludirlas y seguir adelante con su trabajo en las mejores condiciones posibles.
Y esas presiones, directas y sin disimulo, eran llevadas adelante por los personajes más conocidos y funestos de la salvaje dictadura. Así lo recuerda el entonces fiscal Juan Alberto Ferrara al narrar la visita del jefe de la policía provincial a Mar del Plata y la invitación que hiciese a jueces y fiscales a una cena informal para charlar sobre la realidad. «Ramón Camps era jefe de policía y los instó a que el poder judicial o que la justicia tenía que colaborar más con las fuerzas armadas. No falto alguien que creo que fue Vallejos, que le dijo que así no eran las cosas…» declara el funcionario judicial.
Preguntado en la testimonial el Dr. Ferrara acerca de cual fue la reacción de la justicia luego de esa reunión y si se acató el pedido de Camps fue tajante: «No, siguió todo como estaba antes…”.
Y sin embargo, pese a que muchos integrantes del poder judicial siguieron con sus vidas como si nada y toda la sociedad entendió que poco pudieron haber hecho para cambiar las cosas, la persecución sobre Pedro Federico Hooft, el juez que más lejos fue en la búsqueda de proteger a quienes quedaban procesados bajo su jurisdicción o sobre quienes recaía un pedido de hábeas corpus realizado por sus allegados, fue de una saña y una sinrazón difícil de entender. Más allá de haber sido absuelto en todas las instancias posibles, superado holgadamente un juicio político y reconocido en su accionar por las principales figuras del derecho del país y del mundo.
Una vez más la Justicia Federal sobreseyó al juez en las causas en las que estaba acusado de complicidad en crímenes de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata durante la última dictadura. Una vez más el fallo concluyó que por aquellos años de fuego existía la llamada “función jurisdiccional disminuida” por la cual los integrantes del período 1976-1983 del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires no podían ejercer la totalidad de su imperio, ya que la persecución de la acción penal “estaba muy cerrada”, lo que determina de forma indiscutible lo absurdo de pretender en Hooft o en cualquiera otro de los funcionarios judiciales denunciados en la causa (FEDERICO GASTÓN
AMADEO L´HOMME; RODOLFO BERNARDINO MORALES RIDECOS; EDGARDO OSVALDO BERNUZZI; CARLOS ENRIQUE REINALDO HALLER; JORGE HORACIO GABRIEL GARCÍA COLLINS; ALICIA MARÍA TERESA RAMOS DE FONDEVILLE; y ALICIA MORRELL) y sobre los que en todos los casos se dictó la falta de mérito, intención alguna de participar, fomentar o encubrir un acto violatorio de los derechos humanos.
Punto final al calvario judicial de Pedro Hooft y, como las paralelas en el infinito, el encuentro entre el fallo que lo absuelve y el prestigio social que siempre lo acompañó en una comunidad que desde hace décadas lo reconoce como un exponente ejemplar del Poder Judicial.
Esperemos que esta persecución, plagada de sesgo ideológico y sed de venganza, haya llegado en serio a su fin.
Y que con ello podamos dedicarnos a analizar la historia, la «capitis diminutio» de la justicia cuando cae bajo el peso del autoritarismo -en aquel caso militar pero en tantos otros ejercido por instituciones y funcionarios civiles bajo la falsa forma de una pretendida democracia- y la necesidad común de fortalecer el estado de derecho para preservar bienes, vidas y prestigios personales.
Y para que Pedro Federico Hooft haya sido el último juez perseguido en tiempos democráticos.
A buen entendedor…