Crimen de Lucía: reflexiones acerca de la ética de los abogados

Redacción – ¿Cuál es el límite ético que un abogado debe observar para aceptar la defensa de un imputado?. En el caso Lucía hay caminos que se cruzan y silencios que suenan atronadores.

El Dr. Cristian Pradas, funcionario municipal que pretendió tomar la defensa de uno de los asesinos de Playa serena para después, aunque tarde, rectificarse, se enojó con el periodismo local -y con LIBRE EXPRESIÓN en particular- por haber publicado nuestra opinión acerca de lo que ocurría en torno a su persona.

Como corresponde le enviamos un cuestionario para que pudiese responder sobre todos los temas en los que la opinión pública tenía dudas e inclusive informaciones erróneas. Ese cuestionario nunca fue contestado.

Sin embargo en declaraciones a otro medio -en las que no se tocaron temas incluidos en nuestro escrito y que consideramos fundamentales para entender lo que hay detrás de cada actitud- Pradas sostuvo que  “no cometí ningún delito, respeté el código de ética, el debido proceso judicial y la presunción de inocencia”, lo que está fuera de toda discusión.

Lo que desde un principio se planteó -y así lo entendió el propio intendente al desplazarlo del cargo- es que había un fuerte choque ético en el hecho de ser funcionario de la Secretaría de Seguridad y defensor de semejantes bestias criminales.

Luego, tal vez buscando plantear un escenario casi casual, narra que “me habían dicho que era una causa compleja, me crucé a la fiscal en el pasillo y le aclaré que no sabía si iba a seguir. Después, estuve presente cuando hizo la declaración el imputado, le leyeron los hechos, la caratula y la imputación. Se negó a declarar, aportó algunos testigos y no pude leer todo el expediente porque estaba en trámite”.

Demasiada actividad procesal como para sostener aquella casualidad; ningún abogado está presente en una indagatoria por «casualidad», tratándose tal vez de uno de los pasos más delicados en el proceso que se sigue por la comisión de un delito.

Y termina afirmando que “cuando yo renuncio (Nota de R: clara muestra de que no había casualidad y se había avanzado en la presentación como defensor del imputado) , el jueves al mediodía, ya estaba dando vueltas otro abogado (Eduardo Toscano) y por eso digo que cumplí con el código de ética y no dejé a nadie en estado de indefensión”.

Y aquí alguna de las cosas que sería bueno que el Dr. Pradas hubiese explicado y para lo que insistimos tiene abiertas las páginas de LIBRE EXPRESIÓN.

1- Dice «ya estaba dando vueltas otro abogado» en alusión al ahora también desplazado Eduardo Toscano, pero tal vez olvida explicar que dicho letrado fue junto con él (Pradas) co-defensor de los matadores de Franco Castro , los condenados José Corredera Legato, acusado de ser el autor material del asesinato y Juan Rivero, cómplice. Para el simple observador parece entonces algo mucho más cercano a un «enroque profesional» que a la presencia de otro patrocinio; cosa que sería muy bueno que quedase en claro.

Eduardo Toscano posee una larga trayectoria en lo que tiene que ver con casos  que han impactado en la opinión pública. Fue defensor del médico Jorge Caldera, aquel profesional que colaboró con su hijo en el intento de hacer desaparecer las pruebas del homicidio de su novia, la joven Bárbara Tiscornia.  

También del acusado del brutal homicidio de Marlene Michenzi, cuyo cadáver apareció violado en las afueras de la ciudad.

En diciembre de 2005 detuvieron a Pablo Damasco, de 42 años, que hacía reparaciones en la casa de la joven. La prueba parecía irrefutable: el ADN extraído de una muestra levantada de la bufanda con la que estrangularon a la chica coincidía en un 99% con el del acusado.

Pero Damasco fue absuelto por una equivocada interpretación de ese examen. Nadie podría criticar que un defensor agote los caminos para probar la inocencia de su cliente; de eso se trata el derecho a defensa en juicio.

Pero no nos engañemos…un tecnicismo dejó en libertad a quien las pruebas condenaban como responsable del aberrante crimen.

De aquí en más avanzará la justicia y toda la comunidad espera que, al menos por esta vez, no vuelvan a salirse con la suya criminales de esta laya. Y mucho menos por cuestiones formales que desvíen la búsqueda de la razón de fondo.

En cuanto a los abogados, más allá del cuidado formal de sus pasos y declaraciones, sería bueno recordarles que la gente no es tonta, que hay cabos que se juntan en el camino y sobre todo que la deontología jurídica trata de una multiplicidad de deberes como son aquellos que ellos tienen consigo mismo, con la sociedad, con la profesión, con los clientes, con los colegas, con los jueces. 

Es por tanto aquella parte de la ética profesional que se ocupa de los deberes morales de los abogados, no como una cuestión formal sino como una convicción de fondo.

Y cada uno sabrá si en este y otros casos ha estado a la altura de semejante responsabilidad. El periodismo no está para juzgar, pero si para preguntar, y eso hacemos.