Redacción – Resolvieron desoír el fallo de la Corte que ordena volver a la vieja composición del Consejo de la Magistratura, lo que generará un grave conflicto de poderes.
El plazo que dispuso la Corte Suprema de Justicia para que el Congreso sancionara una ley para modificar la composición del Consejo de la Magistratura venció este viernes a la medianoche y ahora es todo tensión e incertidumbre, ya que no se sabe qué sucederá a partir del lunes.
El fallo del máximo tribunal dictado en diciembre pasado, que había dado 120 días para una nueva ley, llegó a su fin y la vista está puesta precisamente en lo que hará el presidente de la Corte, Horacio Rosatti quien ya dejó trascender que el mismo lunes asumiría la presidencia del cuerpo.
Según esa decisión de mediados del último mes del año, durante estos cuatros meses el Congreso debía aprobar una nueva conformación o el propio Consejo debía volver a la integración de 2006, cuando eran 20 los miembros y el titular de la Corte era su presidente.
La actual composición de 13 integrantes fue declarada inconstitucional. El Frente de Todos propuso un Consejo de 17 miembros, algo que avanzó en el Senado, pero quedó trabado en la Cámara de Diputados.
Para volver a los 20 consejeros, los abogados, académicos y jueces ya eligieron a sus representantes para enviar al órgano, pero la tensión está puesta en los dos miembros que debe designar el Congreso, uno por cada Cámara.
El PRO eligió al senador cordobés Luis Juez y el radicalismo propuso a la diputada santacruceña Roxana Reyes.
Sin embargo, un fallo de la Justicia Federal de Entre Ríos le prohibió a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al jefe de Diputados, Sergio Massa, enviar oficialmente a sus representantes y si bien suena a un absurdo jurídico que un juez de primera instancia frene una manda de la Corte Suprema, tanto la vicepresidente como su par de la cámara baja se aferran al mismo para no designar a sus representantes. Y en esta grosera yuxtaposición en la pirámide jurídica se concentrará lo que seguramente será un grave conflicto institucional de difícil pronóstico.
Mientras el Gobierno busca forzar una extensión de la fecha límite para poder lograr la ley que promueve -y que excluye a la Corte- es probable que en pocas horas sea el máximo tribunal el que se exprese si es que se intenta frenar la asunción de Rosatti y paralizar el Consejo.
Porque con el plazo para una ley ya vencido, el máximo tribunal del país deberá adoptar un línea de acción y, antes que nada, resolver qué hará con el fallo de Entre Ríos, mientras el Frente de Todos resiste en el Congreso.
Si no hay avances, la consecuencia directa es la paralización del Consejo de la Magistratura -órgano que designa, remueve y sanciona jueces en todo el país-, ya que la Corte Suprema aclaró en diciembre que si pasado el 15 de abril no había cambios, todos los actos del cuerpo iban a ser considerado inválidos.
Y Cristina Fernández, que por entonces no pensaba siquiera en la debilidad política que hoy afronta en el Senado y que le impide avanzar en la aprobación de la nueva constitución, ve en esa situación como se evapora la última posibilidad de enterrar las causas de corrupción que la involucran y que avanzan inexorablemente hacia el momento en el que deberá sentarse frente a un tribunal y responder en el terreno de lo jurídico y no del show político.
Mientras Sergio Massa, siempre agazapado a la espera de una ventaja que le permita avanzar en sus expectativas personales y seguramente como parte de su nueva alianza con Máximo Kirchner quien pretende que el tigrense sea el candidato a presidente en 2023, acompaña la estrategia dilatoria para asegurarse el apoyo de los duros del Frente de Todos. Aquellos a los que no hace tanto señalaba como su límite imposible de traspasar…
Que ahora parece ser la propia república.
