Por Adrián Freijo – La cuestión de la liberación de detenidos, luego del fallo de la Corte provincial, disparó un conflicto político que la ex presidente aprovechó para marcar la cancha.
La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires puso freno al hábeas corpus colectivo que aconsejaba la libertad de miles de presos de las cárceles del país mientras se toma tiempo para una resolución de fondo que todos presumen inmediata.
Como fija el procedimiento el tribunal dio vista a las partes a los fines que se expresen y el primero que lo hizo fue el Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, quien rechazó lo dispuesto por el juez de Casación, Víctor Violini.
El Defensor de Casación bonaerense, Mario Coriolano, pidió hoy a la Suprema Corte de Justicia que rechace los planteos del Fiscal Carlos Altuve y el Procurador Julio Conte Grand y deje firme el hábeas corpus al que hizo lugar el juez de ese fuero Víctor Violini y por el cual se habilitó la excarcelación de detenidos alojados en cárceles de la Provincia en el marco de la pandemia de coronavirus.
Coriolano está rotulado como “garantista”, además de consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, el mismo al que se refirió Alberto Fernández para explicar porqué no despidió al secretario de Derechos Humanos de la Nación tan preocupado por la libertad de Ricardo Jaime y Martín Báez.
En una presentación que hizo ante el máximo tribunal Coriolano dijo que es «imprescindible» que la Corte bonaerense dicte una norma para «fortalecer» el hábeas corpus por los presos, que se ubicó en medio de una fuerte controversia. Y agregó que ese recurso «debe seguir su curso ante los jueces naturales, sin obstáculos por parte del Ministerio Público fiscal y quienes por el contrario deben acompañar las necesidades de morigeraciones y libertades, dentro de los marcos legales».
La decisión de los cortesanos bonaerenses llegó luego de la indignación pública con cacerolazos incluidos y horas después de la conferencia de prensa del gobernador Axel Kicillof, junto a sus ministros de Justicia, Julio Alak; y de Seguridad, Sergio Berni. En la embestida del gobernador contra el jefe de los fiscales se ve la mano de CFK, según entienden en los pasillos judiciales.
En especial cuando la ministra de Gobierno, Teresa García, de línea directa con el Instituto Patria, exigió la renuncia de Conte Grand. Su batalla no es nueva y se inició desde el mismo momento de su desembarco en el edificio de la calle 6, en La Plata.
Para no confundir al lector con las inagotables internas del peronismo diremos que este ataque de pinzas entre Coriolano, Kicillof y Teresa García, todos espadas de Cristina deja en evidencia que la ex presidente no está dispuesta a ceder la iniciativa a la Casa Rosada cuando de fijar las pautas de funcionamiento de la justicia se trata. Cada vez más preocupada por la continuidad de las causas que afectan directamente a ella y a sus hijos la ex presidente viene presionando por una reforma inmediata de la justicia -que representaría sacar de Comodoro Py a todos los jueces y fiscales no alineados con sus mandatos- mientras Alberto Fernández prefiere una decantación menos traumática y está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario para no quedar atrapado ante la opinión pública como el presidente que arrasó con la justicia federal del país.
Y por si hiciese falta explicitar la estrategia de la ex presidente, hoy sacó a la cancha a uno de sus más fieles y habituales alfiles. Oscar Parrilli afirmó que la pandemia del coronavirus «no debe hacer olvidar que es necesaria una reforma judicial muy profunda en la Argentina» en el mismo momento en que crecen las versiones de un acuerdo entre Cristina y Sergio Massa para avanzar rápidamente en el tratamiento de la cuestión en ambas cámaras. Algo a lo que se opone la oposición y una parte no menor del propio oficialismo.
Desde su regreso de Cuba, en plena cuarentena, la anterior mandataria ha movido los hilos que le aseguren acrecentar su poder y lo ha hecho sin ocultamiento alguno. El avance de La Cámpora en el manejo de los principales resortes de recaudación del país es indicativo que de ninguna manera la viuda de Kirchner está dispuesta a ceder centralidad; y que ni siquiera la preocupa que Alberto la triplique en todas las encuestas cuando de imagen positiva y aceptación pública se trata.
Y probablemente esta disputa política, con temas judiciales como mero telón de fondo, comience a poner sobre el escenario aquello que todos sabían que tarde o temprano iba a producirse: la lucha por el verdadero poder.
