Cuando no se sabe ni se quiere saber sobre “eso” llamado estado

RedacciónEl escándalo por el incumplimiento del gobierno municipal con lo pactado en el concurso para poner en valor el edificio de la comuna demuestra el desprecio por la legalidad.

El gobierno de Carlos Arroyo decidió no llevar a cabo la remodelación y puesta en valor del Palacio Municipal que se concursó hace más de dos años y los arquitectos reclaman por el pago de diversos honorarios.

El secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Guillermo de Paz, confirmóque “el proyecto ganador contemplaba obras en el Anexo y una cierta descentralización que nosotros ahora no vamos a llevar adelante”.

Salvador Squillacioti, uno de los arquitectos platenses que obtuvo el primer premio en el concurso de ideas organizado en 2015, aseguró por su parte que “la Municipalidad estaba obligada a contratar los servicios de anteproyecto pero incumplió con los términos de las bases del concurso”.

Efectivamente, entre las obligaciones del municipio se establecía “un plazo de 360 días corridos” –esto es, hasta agosto de 2016- “para proceder a la firma del contrato” y se especificaba que, en caso de no formalizar el acuerdo en ese período, el ganador tendría derecho “a percibir los honorarios correspondientes a la tarea de Anteproyecto”.

Vale recordar que en febrero de 2015 el Ejecutivo a cargo de Gustavo Pulti convocó a un concurso de ideas para restaurar el edificio diseñado en 1938 por Alejandro Bustillo.

 

Para Guillermo de Paz “el Colegio debería haberle realizado el reclamo a la gestión anterior, que fue la que organizó el concurso”. “La deuda es del gobierno anterior”, remarcó.

Hasta el momento, los únicos que cobraron fueron los arquitectos ganadores –Squillacioti y su socio Gabriel Santinelli–, que percibieron los 330 mil pesos antes de que terminara la gestión de Pulti. El resto de los premiados todavía espera que se les pague…

Los principios generales del derecho son el origen o el fundamento de las normas, y participan de la idea de principalidad, que les otorga primacía frente a las restantes fuentes del derecho.

Sentado ello, podemos decir que los principios generales del derecho cumplen distintas funciones, articuladas entre sí y relativas a su esencia, a su valor preceptivo o a su alcance comprensivo para
dilucidar el sentido de una norma o dar la razón de ella

A partir de esta convicción surge uno de los elementos fundamentales para reglar la relación entre naciones y a nivel interno de ellas la seguridad jurídica que se requiere para contratar cuando el objeto de ese contrato supera el tiempo de pertenencia de una determinada administración política: el principio de la continuidad de los actos jurídicos del estado.

O en buen romance, la obligación del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la administración, más allá de la continuidad del gobierno que la representara,  salvo en el caso de que la justicia resuelva que ellas devienen de un acto ilegal que las conviertan en nulas.

Por eso, y más allá de la valoración que Carlos Arroyo y los suyos puedan hacer de aquel llamado a concurso y tratándose de una actividad lícita y legítima convocada por la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón y no por determinado intendente, incumplir lo pactado tendrá un alto costo económico pero seguramente más importante en lo conceptual: una vez más se viola el principio de la continuidad de los actos jurídicos y una vez más se pone en evidencia que no existe en la Argentina reaseguro alguno contra los atropellos legales de sus gobernantes.

Porque la deuda, al revés de lo que dice de Paz, no es de Pulti ni de Arroyo, es del estado municipal como convocante del concurso.

Pagaremos entre todos, con nuestro dinero, este verdadero disparate -doblemente agravado porque quien lo decide se supone que es un hombre del derecho- y también con nuestra cultura democrática que sigue derrumbándose en el país de la mano de estas aberraciones y caprichos que lamentablemente rara vez son rescatados por la opinión pública.

Y es que los autores de tales desmanes suelen aprovechar la falta de preparación de nuestra prensa y la tendencia a desconocer estas cuestiones que nuestros constitucionalistas han desarrollado para ponernos a salvo de tales despropósitos.

Pan y circo del país (ciudad) en el que todo es válido y reinan los mediocres y perversos.