Del desembarco en Normandía a la guerra de los caniles

RedacciónCuando parecía que no quedaban peleas por encarar el intendente supera sus propios límites y entra en un conflicto sin sentido con la Defensoría del Pueblo por la construcción de un canil. ¿Falta mucho?.

Un acta transaccional de dudoso cuño firmado por el jefe comunal con los concesionarios de las  cocheras de Playa Grande, Playa Azul SA, que los compromete a realizar una serie de obras por un monto total de $80 en reemplazo de las iniciativas que no cumplimentó en la UTF, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y entre las que está la edificación del Centro de Zoonosis en Laguna de los Padres, disparó un  nuevo conflicto que involucra a la Defensoría del Pueblo de la ciudad.

Y es que el organismo, haciéndose eco de la denuncia de los vecinos de la zona, hizo hincapié en que la construcción pone en peligro el ecosistema basándose en estudios y dictámenes que así lo indican e intimó al municipio a detener las obras hasta que un instrumento medioambiental definitivo resuelva si ello es así o no se corre riesgo alguno.

A lo que la administración Arroyo respondió en forma furibunda sosteniendo que «he de destacar la orfandad y la falta de rigor científico en el libelo que me dirigen; y mediante el cual me intiman a disponer la paralización de los trabajos de la obra para el emplazamiento del mentado centro de recuperación y adiestramiento canino, hasta tanto se efectúe un estudio de impacto ambiental».

Continúa afirmando que «esa Defensoría incurre en un grosero yerro legal con la normativa citada, toda vez que el Centro de Recuperación Canina y de Adiestramiento de Perros de Asistencia no ponen en crisis la política medioambiental diseñada tanto por el artículo 28° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires como por la ley 11.723», postura que no sustenta en documentación o estudio alguno, limitándose a enumerar una larga serie de funciones que desarrollaría el centro y que no hacen a la cuestión de fondo planteada.

Y una vez más, como ocurriese tantas veces en la cuestionada historia local de este tipo de concesiones, pretende descargar en una entidad de prestigio una especie de garantía que nada tiene que ver con el eventual daño medioambiental que podría producirse.

Sostiene el gobierno en su respuesta que «para vincular las dos funciones principales, la de recuperación de canes con las actividades de asistencia con perros, se ha propuesto realizar un convenio entre la Secretaria de Salud y el Kennel Club de Argentina, el que colaborará con sus años de experiencia y su probada metodología de trabajo para certificar a los perros rescatados seleccionados y prepararlos según normas internacionales como perros de asistencia». El mismo argumento que durante décadas se utilizó para entregar la explotación de juegos de fantasía (carrouseles y calesitas) en las principales plazas de la ciudad bajo con el artilugio de poner detrás de los verdaderos dueños la tapadera de alguna cooperadora o entidad sin fines de lucro que serían las beneficiarias finales. Aunque en el cartel de obra figure Playa Azul S.A como responsable de la misma.

Una trampa que ahora vuelve a intentarse, toda vez que quien realmente se beneficia es el concesionario incumplidor de Playa Grande que, a la obras no realizadas, le sumará la anexión de un rubro que no estaba previsto en el pliego de bases y condiciones, que estará funcionalmente fuera de su responsabilidad y cuyo costo de construcción no ha sido sometido a ninguna compulsa de precios que pueda darle certeza.

Otra pelea institucional, un nuevo escándalo y otra cuestión en la que la transparencia brilla por su ausencia.

De la Normandía épica de los desembarcos iniciales a los bucólicos caniles del languidecer político, la decadencia real y moral de una administración repudiada por el pueblo de Mar del Plata deja en claro que ante la inminencia del retiro y la sensación de estar en presencia de los últimos manotazos cabe una única pregunta: ¿falta mucho?.