En 2007, algunos veteranos del conflicto bélico contra Reino Unido por aquellas islas del Atlántico Sur habían iniciado una denuncia judicial contra quienes los habían sometido a tormentos.
Por si hacía falta algo más que el testimonio que habían dado ya los excombatientes de Argentina de la Guerra de Malvinas (1982) sobre las torturas que sufrieron de sus superiores, ahora también están disponibles los propios archivos de las Fuerzas Armadas de este país que las ratifican. En 2007, algunos veteranos del conflicto bélico contra Reino Unido por aquellas islas del Atlántico Sur habían iniciado una denuncia judicial contra quienes los habían sometido a tormentos. Pero en febrero pasado, la Corte Suprema de Argentina declaró prescriptos esos delitos ocurridos hace 33 años.
La presidenta Cristina Fernández de Kichner, enfrentada al máximo tribunal de su país, reaccionó entonces con una orden de que las Fuerzas Armadas desclasificaran los archivos sobre el asunto. La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa se encargó de analizarlos y este fin de semana los publicó en el sitio www.archivosabiertos.com. Estos documentos servirán a los excombatientes en su apelación del fallo del tribunal supremo de Argentina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En los documentos una mayoría de soldados cuenta al regresar de la guerra su estado físico y reconoce que había sido sometido a torturas como el llamado ‘pie de trinchera’ (congelamiento de los pies por la humedad y el frío del terreno), la falta de suministro de allimentos, el estaqueamiento y el enterramiento en fosas como castigos por escaparse de sus puestos para ir a buscar comida, un bien escaso en las trincheras argentinas en las gélidas Malvinas. Así debían combatir a las poderosas tropas de mar y aire a las órdenes de la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher. Muchos de los uniformados argentinos estaban cumpliendo con el servicio militar. Aquella era la aventura del dictador Leopoldo Galtieri (1981-1982) con la quedó herido de muerte el régimen más cruel de la historia de Argentina, que había comenzado en 1976.
Un uniformado contó que lo ataron “de pies y manos a la espalda, colocándolo de cara al suelo, en la arena mojada de la playa, desde las 9 hasta las 17 horas”. Otro relató que recibió una “patada en los testículos” y por eso debió “ser operado”.
El Gobierno también desclasificó una carta secreta en la que el entonces jefe del Ejército argentino, Cristino Nicolaides, ordenaba en diciembre de 1982, seis meses después de la rendición ante el Reino Unido y de la renuncia de Galtieri, que se consideraran aquellas torturas como “faltas disciplinarias”. Solo en casos graves se le debía informar del hecho. “En los casos en que se acreditare alguna infracción, las respectivas resoluciones no excederán el ámbito disciplinario, dentro de pautas de mesura, guardando la adecuada reserva”, escribió Nicolaides en tiempos en que la presión social contra los militares les resultaba insostenible. El pueblo argentino demandaba democracia y verdad sobre el destino de decenas de miles de desaparecidos en la feroz represión desatada desde 1976. En abril de 1983 el entonces dictador Reynaldo Bignone, actualmente condenado por delitos de lesa humanidad, convocó a las elecciones para octubre de ese año y ordenó la quema de todos los archivos sobre las desapariciones. Pero los de los tormentos de Malvinas quedaron guardados hasta ahora.