Rousseff denunció ante el Senado que es víctima de un «golpe» para permitir un gobierno «usurpador» que aplica un plan de gobierno que no fue votado en las urnas en 2014. Expectativa mundial.
«El 1 de enero de 2015 asumí mi segundo mandato y asumí el compromiso de defender y cumplir la constitución. Fui elegida por más de 54.000.000 de personas. En el poder, asumí el compromiso de mantener, defender y respetar la Constitución», comenzó su discurso la mandataria.
«Sé que seré juzgada, pero mi conciencia está limpia. No he cometido delito», dijo.
«Siempre he creído en la democracia. Jamás atentaría contra ella o practicaría actos contrarios para los que me eligieron. Entre mis defectos no está la cobardía», resaltó.
En sus palabras, «no puedo sino sentir la amargura de la injusticia».
«Estamos a un paso de la consumación de una grave ruptura institucional, de concretar un verdadero golpe de Estado», denunció.
«Vengo a mirar directamente a los ojos de sus excelencias y a decir con la serenidad de quien nada tiene de qué responder que no cometí crímenes de responsabilidad», dijo.
«Soy acusada injusta y arbitrariamente», insistió Rousseff, que reiteró que las acusaciones de maniobras fiscales en las que se basa el juicio político en su contra son «pretextos para derribar a un Gobierno legítimo» y «viabilizar un golpe» amparándose en la Constitución.
La comparecencia de Rousseff en su juicio político es la culminación de un enfrentamiento que se remonta a fines del año pasado, cuando la oposición presentó la moción de destituirla. En los próximos días, el Senado, en su carácter de juez, decidirá si la destituye.
Esta es la primera vez que Rousseff acude al Parlamento desde que comenzó el trámite del juicio político en su contra el pasado diciembre para refutar los cargos de los que se le acusa, una serie de maniobras con las que se maquillaron las cuentas fiscales de 2015.
Esas supuestas irregularidades se refieren a tres decretos que modificaron los presupuestos sin autorización del Congreso y al atraso en depósitos a la banca pública. Según la acusación, esto equivale a la concesión de créditos al Gobierno, algo que está vedado por la Constitución brasileña.
La acusación considera que esas operaciones suponen un «delito de responsabilidad», que la Constitución contempla como un motivo para la destitución de un jefe de Estado, pero la defensa niega cualquier irregularidad y argumenta que todos los presidentes de la era democrática hicieron maniobras similares.
La suerte de la primera presidenta de Brasil está en manos de 81 senadores y si 54 de ellos, dos tercios de la Cámara Alta, votan a favor de su destitución, perderá el cargo, que pasaría a manos del que era su vicepresidente, Michel Temer, y quien ejerce la jefatura del Estado de forma interina desde el 12 de mayo.
En ese caso, Temer se mantendría en el poder hasta el 1 de enero de 2019, cuando le entregaría el cargo al ganador de las elecciones previstas para octubre de 2018, pero si el Senado vota en sentido contrario, Rousseff recuperaría la Presidencia de forma inmediata.
