Con 147 votos positivos y 69 negativos, el oficialismo concretó en sesión especial su postergado anhelode contar con la reforma electoral para que esté vigente en el proceso electoral de este año.
En sesión especial, y con ayuda de los bloques de la oposición «dialoguista», Cambiemos logró aprobar en general y convertir en ley el proyecto definanciamiento de partidos políticos, que apunta a legalizar los aportes de empresasprivadas a las campañas electorales de las agrupaciones políticas de su preferencia.
Con 147 votos positivos y 69 negativos, el oficialismo concretó su postergado anhelode contar con la reforma electoral para que esté vigente en el proceso electoral de este año.
El miembro informante del oficialismo, el diputado Pablo Tonelli (PRO), se encargó de defender la iniciativa que, en sus palabras, «restablece el financiamiento mixto delos partidos» en campañas», «evita la informalidad» prohibiendo las donacionesanónimas, y le devuelve a «los ciudadanos el derecho a contribuir en eldesenvolvimiento ordinario» de las agrupaciones políticas.
Al abrir el debate, Tonelli, que es el presidente de la comisión de AsuntosConstitucionales, defendió la bancarización del aporte privado al afirmar que «laactual ley esconde la hipocresía, porque permitía al aporte de las empresas a travésde sus gerentes ya que habilitaba a las personas físicas, pero no jurídicas, cuando esmejor que sepamos cuales son las empresas que aportan a las campañas políticas».
Subrayó que con «esta se evitan irregularidades en el financiamiento políticos y seaumentan las obligaciones de los partidos políticos», y destacó el «incremento en lasatribuciones y competencias de la Cámara Nacional Electoral para un controlefectivo rápido y eficaz de la obligaciones de los partidos políticos».
El proyecto establece que los aportes privados deberán estar bancarizados para quese conozca la identidad de las empresas que realicen sus aportes a los partidospolíticos.
En ese sentido, la iniciativa fija que las personas jurídicas podrán aportar dinero conun tope del 2% de los gastos autorizados por la ley.
Además, determina que no podrán realizar donaciones los entes estatales, loscontratistas del Estado, ni aquellos que exploten juegos de azar.
