Mourelle y un delito que arrastra al intendente Arroyo

Por Adrián FreijoCerca del intendente no se explican como Carlos Arroyo no pone coto al capricho de su Secretario al retener el salario de casi 300 trabajadores en una actitud que supone un acto delictual.

«El sábado le expliqué al intendente que lo que estaba haciendo Mourelle es un delito determinado como apropiación indebida y que en el caso de una denuncia penal él sería el responsable. Nadie creería que el funcionario se atrevió a llevar adelante la maniobra sin la autorización expresa del intendente» le decía a LIBRE EXPRESIÓN uno de los colaboradores más cercanos del jefe comunal y que tiene la obligación de velar por la legalidad de los actos de gobierno. Y amargamente concluía que «no podemos entender en el gabinete cual es el tenor de la relación de Arroyo con este hombre; cada vez lo compromete más con su accionar y sin embargo cada vez tiene más poder. Nosotros sabemos que ya no tiene sentido recurrir al jefe, porque quien manda es ostensiblemente Mourelle».

El hombre del gobierno municipal se refería a la decisión del cuestionado funcionario de retener los salarios de casi trecientos trabajadores del Concejo Deliberante, en clara violación de las normas vigentes y como medio de extorsión para asegurarse la realización de la Asamblea de Mayores Contribuyentes, la aprobación de la lista de los mismos presentada por el oficialismo por fuera de lo permitido por la ley y en una maniobra de esas que suelen definirse como «entre gallos y medianoches» y la posterior aceptación por parte de los mismos de los aumentos enviados por el Ejecutivo.

La denuncia penal no es ya solo una amenaza potencial; en las próximas horas se presentaría la misma ante la Fiscalía General ya que la configuración del delito no admite discusión alguna. La apropiación indebida es un delito contra el patrimonio  consistente en el apoderamiento de bienes ajenos cuando esos bienes se encontraban legalmente en posesión de quien lo comete  a través de otros títulos posesorios distintos de la propiedad. El sujeto debe poseer los bienes ajenos, como puede ser el depósito o la administración, con la obligación de entregarlos o devolverlos a otra persona.

Tal es el caso de los salarios de los trabajadores, que están en posesión de la Secretaría de Hacienda y deben ser entregados a sus verdaderos dueños que son aquellos que han prestado un servicio -en este caso durante el mes de agosto- a cambio de una remuneración.

La retención sin causa configura los delitos previstos en el Art. 173 inc 2 y 7 del C.P. que sostienen que incurren en ese delito quienes: «El que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver» (inc.2) y «el que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos» (inc 7).

Una situación especialmente delicada que puede sumergir en el escándalo la etapa final de un gobierno comunal en retirada y que seguramente tendrá tiempo de meditar desde el llano todo el daño que en su relación con la sociedad le causó este hombre singular, amante de la discordia y cultor del agravio y el conflicto como forma de relacionarse con los demás.

Y una pálida imagen de un jefe comunal que ha perdido el manejo de su administración y hoy tan solo aparece como mascarón de proa de las peleas sin destino de  Hernán Mourelle, aunque ellas lo alejen de quienes tratan de cuidarlo y puedan llegar a involucrarlo en cuestiones penales de las que será único responsable.

Una pena pero, a fuer de ser sinceros, ninguna sorpresa….