Redacción – El Poder Ejecutivo Nacional se dispone a intervenir la provincia sureña. En las últimas horas se tentó al magistrado Alfredo López para asumir en el Tribunal Superior de Justicia.
La decisión se tomó en el mismo momento en el que se supo que Alicia Kirchner, tras recibir la ayuda de la nación en forma de un crédito (bono) que le permitiese salir del atolladero en el que se encontraba la provincia, volvió a desviar esos fondos hacia empresas vinculadas a la familia de la ex presidente y sus hijos.
Hace pocas horas se conoció que Permaco SRL, la “Austral Construcciones” de Alicia Kirchner, empresa constructora K creada por Osvaldo “el Bochi” Sanfelice, socio antes de Néstor Kirchner y tras su muerte de su hijo Máximo, construye 45 viviendas del plan “Techo Digno” en El Calafate a un precio superior en un 28% al fijado inicialmente en tres licitaciones anteriores. Y no es el único negociado que se hace con fondos que deberían ser destinados al pago de salarios a maestros, médicos y enfermeros de la provincia.
Santa Cruz, mientras el país entero recorre el receso invernal en los colegios, aún no ha comenzado el año lectivo. Los tribunales están cerrados hace meses y los hospitales sin insumos y sin atención. Un caos absoluto que la mandataria no sabe o no quiere resolver.
«Nos cansamos de sus mentiras» dicen en Balcarce 50 y aceptan que la medida está hoy en carpeta.
Los caminos no son sencillos. La intervención federal es una instancia que prevé en su artículo 6º la Constitución Argentina ante una situación de conflicto en una provincia, y no descartan que en el caso santacruceño la misma sea solicitada por las fuerzas vivas y organizaciones intermedias de la provincia. De hecho La Mesa de Unidad Sindical, decidió hacer uso del derecho constitucional de pedir juicio político a la gobernadora, lo que al entender de los analistas presidenciales podría ser la señal de largada del proceso de intervención.
Dos cuestiones aparecen sin embargo como un escollo para la solución federal:
1° La declaración de intervención federal corresponde de manera exclusiva al gobierno federal, por lo tanto le corresponde disponerla al Congreso de la Nación, y en caso de receso de este, corresponde declararlo al Presidente de la Nación con inmediata comunicación al congreso para su confirmación.
El año legislativo está en plena marcha, por lo que Macri debería enviar al Congreso el pedido de intervención, no teniendo hoy la garantía de contar con el apoyo suficiente. Los mismos legisladores de la izquierda, muchos de ellos pertenecientes a gremios en conflicto con el gobierno de Alicia Kirchner, podrían reiterar la posición asumida durante el reciente debate por la destitución de Julio De Vido y borrar con el codo lo que diariamente escriben con la mano. No hay garantías.
2° Tampoco hay coincidencia en cuanto al alcance de la intervención. La amplitud de la misma deberá estar definida por el órgano que declara la intervención, pudiendo ser los tres poderes del estado, o solo el ejecutivo, o el legislativo. Respecto del judicial el interventor no puede arrogarse funciones judiciales pero si puede comisionar a los jueces.
Saben en Casa Rosada que ningún remedio federal tendrá efecto alguno si no se depura un Poder Judicial viciado por el nepotismo y la corrupción. Y saben, como valor aleatorio, que una profunda investigación a los fallos que desvincularon a la familia Kirchner de groseros actos de corrupción y hasta de crímenes nunca resueltos, sería un valor político que bien podría convertirse en una red de seguridad ante una eventual derrota en octubre.
Y para ello comisionaron a Mariana Zuvic, la persona que más habla con Macri sobre Santa Cruz y protegida de Lilita Carrió, para que comenzara a tomar contacto con quienes podrían ser eventuales protagonistas de la medida. Y aquí en Mar del Plata la legisladora del Mercosur se reunió con un viejo conocido de la provincia: el juez federal Alfredo López. La foto que ilustra esta nota es suficiente documento como para que los interesados se tienten de afirmar que el cónclave no existió.
López, nacido allá en el sur y que como magistrado supo enfrentar a Néstor Kirchner, a De Vido y al por entonces todopoderoso «empresario estrella» (antecesor de Lázaro Báez) Sergio Gotti, a quien embargó y procesó junto con quien era entonces el abogado de los negocios del poder y luego impune jefe de la AFIP Ricardo Etchegaray, debió emigrar a Buenos Aires para con la protección del peronismo provincial, ganar el concurso para ocupar un juzgado federal en Mar del Plata, en donde destacó por sus fallos a favor de los ahorristas durante el recordado «corralito» y recientemente al denunciar un plan desestabilizador tendiente a derrocar al actual presidente. Actitud que le valió ganar la confianza de todo el primer círculo «amarillo».
Y fue en uno de los amplios salones del Hotel Costa Galana en donde Zuvic consultó al magistrado acerca de su disposición para asumir la intervención del poder judicial santacruceño. Y si bien se desconoce la respuesta, esta no debió ser una tajante negativa ya que la reunión continuó al día siguiente en los salones de la Rural, «casualmente» a la misma hora en la que la visitaba Mauricio Macri con todo su gobierno.
Todo cierra: Alfredo López conoce la provincia, a muchas de las más escandalosas causas de corrupción que se han manejado en los últimos años y sobre todo a los personajes, «buenos o malos», que podrían tener interés en colaborar o entorpecer su trabajo. Y ha demostrado afinidad y lealtad con el actual gobierno.
¿Cómo evitar la intervención del Congreso?. Muy sencillo; ante un conflicto grave, con riesgo a la seguridad y bienes de las personas, Macri utilizaría los mismos argumentos que otros presidentes argentinos usaron para disponer intervenciones «ad referéndum» de la aprobación legislativa. Y no hay que sondear por el lado de tanto dictador de turno; Yrigoyen, Perón e Illia aplicaron el remedio federal y luego mandaron, morosamente, el pedido de autorización parlamentaria.
Por ahora todas son consultas, negociaciones y cálculos. Pero el operativo intervención está en marcha y solo queda resolver cuando es el momento justo.
Y el nombre de quien se convertiría en el vértice del poder seguramente más sensible de Santa Cruz -lleno de amigos y parientes de la ex familia presidencial y de la actual gobernadora- es el de Alfredo López, juez federal con asiento en nuestra ciudad.
Habrá que mirar con mucha atención hacia el sur…
