Redacción – Mientras la Ministra de Justicia Marcela Losardo salió a despegar al gobierno del proyecto de liberar presos, las negociaciones con los detenidos se hacen bajo presión y amenaza.
Nadie duda que cuando la ministra Marcela Losardo habla de su boca salen las palabras del propio presidente Alberto Fernández. “A mí no me gusta que salgan los asesinos y los violadores a la calle. Y al Presidente tampoco. Somos gente de criterio, somos gente que conocemos el derecho y entendemos lo que les pasa a las víctimas”, planteó la funcionaria pocas horas después que el propio mandatario afirmase que la responsabilidad de tomar la decisión de otorgar libertades era privativa de los jueces.
Una primera intervención presidencial había servido para respaldar las excarcelaciones de detenidos por el riesgo de infecciones de esa enfermedad. Dijo Alberto que la cárcel es «un lugar de concentración humana muy riesgoso, donde el contacto y la contaminación pueden llegar con mucha facilidad» y que en los penales «hay gente con factores de riesgo, debilitada». No contento con ello avanzó en la afirmación de que » la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sugirió a todos los países que integran el Pacto de San José de Costa Rica, entre los que está la Argentina, a buscar alternativas para los presos por cuestiones sanitarias». Como jurista avezado y hombre de estado con vasta experiencia sabía que estaba jugando con el desconocimiento del grueso de la población en materia de lenguaje diplomático: el término «sugerir» es utilizado en aquellos casos en los que por la delicadeza del tema tratado no se puede utilizar el más determinante «aconsejar».
Pero de poco sirvió la distracción; la opinión pública y una parte importante del mundo judicial salieron al cruce del intento y levantó fuertemente la voz en contra de cualquier libertad indiscriminada de los delincuentes. Si hasta muchos grupos de la política y la cultura, habituales defensores de las teorías garantistas, debieron expresarse por la negativa, aunque en muchos casos eligiendo meticulosamente los delitos señalados.
No extrañó entonces la aparición de Losardo que vino a buscar dos objetivos bien claros: sacar al presidente del atolladero en el que se había metido y fijar la posición del gobierno en la materia. No habrá apoyo ni condena, solo prescindencia.
Claro que mientras tanto se había avanzado en la constitución de una Mesa de Diálogo entre funcionarios, miembros de la justicia y presidiarios que se reunía hoy para avanzar en el estudio del listado de 2.600 personas que se consideraba estaba en situación de poder ser beneficiadas con una libertad anticipada o un arresto domiciliario. Dicha reunión se llevaba a cabo bajo el inocultable signo del chantaje: si no había una resolución que favoreciera a los reclusos volverían los motines.
“Si no se cumple la palabra, agarrate” y “Estamos tranquilos para no entrar en pánico. Pero esto es un descanso” fueron algunos de los muchos mensajes que desde Devoto llegaron hoy a los diferentes medios de prensa. Más claro…
Tras varias horas de negociaciones se llegó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles con la promesa de seguir estudiando caso por caso y el compromiso de los representantes de los detenidos de que hasta entonces no habría disturbios.
El impactante cacerolazo de la noche de hoy genera sin embargo un escenario de extrema fragilidad. Es probable que el gobierno tome nota del descontento social frente a cualquier liberación masiva y que en las cárceles se concluya que sin llevar la situación a un estado de máxima tensión la posibilidad de recuperar la libertad quede acotada a unos pocos casos extremos.
Un cúmulo de errores políticos y la siempre difusa interpretación del cumplimiento real de las penas termina así por generar una situación compleja en la que el costo puede ser más grande de lo aceptable. Máxime cuando en Balcarce 50 saben que la Corte Suprema va a intentar, una vez más, una salida tibia, amañada y que deje la pelota en el campo del gobierno.
Las próximas horas serán determinantes. Mucho más que cuando en algún despacho se resolvió hacer «demagogia carcelaria» sin tener en cuenta la Caja de Pandora que se abría sin medir las consecuencias. Algo insólito en un país en el que el hartazgo social por la impunidad de los delitos venía marcando agenda desde hace mucho tiempo.
Cosas de esta adolescencia eterna de la institucionalidad argentina…
