Ya subió los sueldos de los detenidos, les entregó bonos superiores a los de los jubilados, acortó las condenas hasta límites ridículos, les organizó salidas y diversiones; y ahora va por más.
Con un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Derechos Humanos en Diputados, el kirchnerismo inició el último jueves un debate hacia una reforma de corte garantista para evitar abusos contra detenidos e impedir la superpoblación carcelaria, que podría generar chispazos en el Frente de Todos.
Participaron del mismo voces críticas con el colapso penitenciario, que adjudicaron a las restricciones de las salidas transitorias y al régimen de flagrancia, un sistema implementado en 2016 que permite un juicio sumarísimo a quienes sean hallados en el momento del delito.
Una de las expositoras fue la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia e interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPN), María Laura Garrigos, quien reconoció que las cárceles y las comisarías están abarrotadas y nada podrá cambiar en su gestión.
Garrigos fue la presidenta de Justicia Legítima, la agrupación de jueces y fiscales cercanos al kirchnerismo, asumió en su cargo ni bien aterrizó en la Casa Rosada Alberto Fernández, pero sus reformas no vieron la luz el año pasado.
El proyecto crea una Comisión de Disciplina, integrada por personal superior de igual «jerarquía y rango» que los carceleros, uno abogado o abogada, quienes controlarán que no haya sanciones por encima de las tipificadas y se respeten los «principios de lesividad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad».
El proyecto recaló en la Comisión Justicia del Senado, presidida por Oscar Parrilli, quien por ahora no abrió el debate y prefirió que el primer foro sea Diputados y sin leyes a la vista.
Una posibilidad que barajan en el oficialismo es repetir estos plenarios informativos hasta las elecciones para evitar susceptibilidades, sobre todo dentro de sus propias filas.
Es que el año pasado hubo sectores del Frente de Todos, como el referenciado con Sergio Massa, que cuestionaron un fallo del juez de Casación bonaerense Víctor Violini que permitió la salida de presos por contagios de Covid 19. Luego fue revertido por la Suprema Corte de la Provincia.
Massa fue el primer crítico de Violini, siempre rechazó las medidas penales garantistas y ni bien llegó a Diputados absorbió el Observatorio de las víctimas de delitos, que antes dependía del Ministerio de Justicia.
Después de aquel fallo del máximo tribunal bonaerense, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien también expuso el jueves en Diputados, reclamó un plan de vacunación para los presos mayores de edad.
Volvió a pedirlo ante sus ex colegas la ex diputada Diana Conti, comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), en un plenario con un tono que alarmó a varios oficialistas que no estaban al tanto de las reformas.
«Surgieron algunos tópicos como el de ‘cupos penitenciarios’, un viejo proyecto de (el ex juez de la Corte) Eugenio Zaffaroni para que haya medidas alternativas a la detención si las cárceles ocupan todas sus plazas. Esto va a generar mucha resistencia. Para mi no existe inflación penal, sino víctimas, fiscales y jueces. Es una falta de respeto a los legisladores que dictamos las leyes«, sostuvo uno de los dirigidos por Máximo Kirchner, que escuchó en silencio los discursos del jueves.
Fuentes del Frente de Todos al tanto del debate aseguraron que los «cupos penitenciarios» están carpeta para más adelante, como también las modificaciones de leyes que restringieron las salidas transitorias y la de flagrancia, que según Martínez, Garrigos y el Comité para la prevención de la tortura contribuyó a la superpoblación carcelaria por las detenciones en tiempo express.
