El medicamento no es una mercadería

Por Jorge Rachid (Especialista en Seguridad Social) – Los bienes sociales necesitan garantías de accesibilidad y alcance universal porque sin esos resguardos se convierten en bienes ilusorios.

Jorge Rachid

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Los medicamentos son un ejemplo de bien social al que el orden público debe proteger del asedio a que es sometido por mecanismos de oferta y demanda, es decir, por el mercado. Los «oferentes» en ese mercado forman parte de una industria que no duda en cronificar enfermedades y se destaca por no invertir en investigación y desarrollo sobornando la práctica médica para imponer la medicalización en cuestiones afectivas, emotivas, normales de la vida cotidiana.

La industria farmacéutica es despiadada, como lo muestra su historia de confrontación y golpes de Estado contra gobiernos que le fueron adversos, desde Carrillo, creador del EMESTA, primera productora pública de medicamentos, hasta la ley Oñativia en época de Ilia. Una industria que tiene precios que superan 10.000% a sus costos y evade IVA ya que en el medicamento se paga sólo en la primer venta, por eso sólo venden a sus droguerías sin sobre ganancias evitando pagar IVA y luego, esas empresas camufladas venden al Estado y a la Seguridad Social.
Es la misma industria que produce en el país y exporta siendo sus productos más baratos en el exterior que en nuestro país, como por ejemplo Chile donde Bagó junto a Glaxo tienen diferencias de precios del orden del 30% más bajos. La misma industria que durante la crisis de 2001 se retiró de los hospitales públicos por falta de garantías de pago del país, pese a que durante el debate de la ley de patentes del año 1995, los peronistas y no peronistas del campo nacional discutimos y protegimos la industria nacional frente a los avances neoliberales que la hubiesen hecho desaparecer. Los mismos intereses («actores») que importan del exterior con sobreprecios para girar divisas mientras obtienen ganancias del orden del 17.000% en los medicamentos de alto costo y baja incidencia ( un ejemplo es Tobramicina aerosol, ARV, monoclonales) que termina pagando el Estado o la Seguridad Social, o sea el sistema solidario de salud en todas sus variantes. Se trata de una industria que ocasiona a nuestro país un déficit de la balanza de pagos de 1900 millones de dólares anuales.

El medicamento no es una mercadería

El gasto del medicamento en el gasto total de salud en la Argentina es el más alto del mundo: sobre el gasto total de salud el medicamento representa el 32% de ese total cuando en los demás países no supera el 15% como máximo. De esa erogación el 20% es gasto de bolsillo lo que significa resignar para la familia argentina otras asignaturas de vida, en función del medicamento. El hospital público, las obras sociales sindicales y las obras sociales provinciales demandan el 90% del gasto de salud a nivel nacional en razón de los precios abusivos de una industria que absorbe recursos ingentes. Esos dineros deberían ser asignados a la prevención y no a tratamientos de eficacia dudosa impuestos, en muchos casos, por la industria a fuerza de publicidad sintomatológica prohibida en todo el mundo, menos en la Argentina.
La Producción Pública de Medicamentos está en marcha gracias a este gobierno que promulgó la ley 26.688 que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, norma reglamentada en el mes de julio de 2014-. A ese ordenamiento sumó la ley 27.113, reglamentada en el mes de mayo del año corriente, que declara de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública y por la que se creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos.