El negocio de los residuos y la mujer del César

Por Adrián FreijoLos comerciantes se quejan por lo que es a todas luces un atropello, los concejales intentan pero no llegan a resolver el tema y los funcionarios parecen defender los intereses empresarios.

Es una clásico en Mar del Plata: cuando se trata de fijar gabelas o beneficiar intereses monopólicos se busca utilizar los días pico de temporada de verano para resolver cual es el volúmen de negocios de cualquier firma, con especial hincapié en el rubro gastronómico que de esta manera queda condenado a pagar impuestos durante todo el año como si su ingreso de caja fuese el mismo que en esos pocos días de fuerte trabajo.

Y el estado -en forma de AFIP, ARBA o municipio- es el principal cultor de esta verdadera estafa legal ante la que el ciudadano queda indefenso y desprovisto de cualquier defensa.

Desde hace tiempo los comerciantes de varios rubros se quejan amargamente por el alto costo que deben pagar por el uso obligatorio de contenedores para residuos cuando el volúmen de estos supera los 20 kg por día. Y mientras para los edificios de propiedad horizontal el límite permitido es de 50 kg, para este tipo de comercios la cifra es ostensiblemente menor y se multiplica si tenemos en cuenta que además deben abonar la Tasa de Seguridad e Higiene que por propia definición debería ser su único pago para que el municipio procediese a retirar los residuos de la puerta de cada uno de ellos.

En un país en el que la justicia no fuese recipiente de corruptelas, estaríamos frente a un caso de doble imposición que casi debería ser reconocido de oficio. Pero es la Argentina, país de ciegos, y es Mar de Plata, ciudad de vivos.

Así los costos extra que se ven obligados a pagar los comerciantes pueden llegar a los $ 10.000 mensuales, aunque en muchos casos sean no más de dos o tres días por semana los que pueden explotar sus negocios. O en los que, excepción hecha de un viernes a la noche o un sábado, el volúmen de sus residuos no supere los 5 ó 6 kg….

¿Yo señor?…¿no señor?…pues entonces…¿quién lo arregla?.

El Concejo Deliberante parece intentar soluciones que, al menos por hora, no encuentra. Encerrados por flaquezas del pliego de bases y condiciones que el mismo cuerpo aprobó, sin descubrir en su momento las debilidades del mismo que llevaban la situación por el camino del monopolio y la trampa, nuestros representantes se pierden entre explicaciones vacías de contenido y el clásico «no podemos hacer nada» de funcionarios que en sus intentos de aclarar terminan oscureciendo y abriendo el camino a las peores sospechas. Porque cada vez que abren la boca parecen estar defendiendo los intereses de la empresa y no los del contribuyente que además paga sus nada despreciables salarios…

Eduardo Leitao, titular del EMSUR que es el organismo encargado de implementar y controlar todo lo que tiene que ver con la higiene urbana, realizó en las últimas horas declaraciones para una emisora local en las que pareció convertirse en abogado de la empresa involucrada al sostener que en las reuniones mantenidas en el Concejo todos tenían buena voluntad, «no así algún personaje que estuvo en medio de la reunión queriendo romper el diálogo. No podemos tolerar la falta de respeto». Como ocurre habitualmente con los hombres de gobierno, Leitao parece haber caído en la trampa de creer que la crítica es una falta de respeto y la búsqueda de protección por parte del estado es un atropello.

«Había personas que hablaban de monopolio y expuse que si había un particular que quería prestar este servicio, nadie lo impide. Lo lógico es que eso requiere un costo de inversión, ganancia y rentabilidad. Hay que habilitar la empresa y si reúne las condiciones, nadie lo puede impedir» continuó, a sabiendas de que el citado pliego de bases y condiciones fue redactado a medida de los actuales concesionarios, cuando las condiciones reales y aceptables para brindar el servicio cuestionado no exigían especificaciones técnicas como las que se incluyeron y que dejaban ex profeso fuera de la posibilidad de competir empresas y transportes que bien podrían haber cotejado con éxito precios y antecedentes.

Lo que en buen romance se llama «licitación a medida». ¿Alguien puede sorprenderse de que esto pase?.

Y para completar su desafortunada explicación el funcionario concluye que «muchos dividen los kilos que generan y los tiran en cualquier lado para no llegar a los 20 kilos y pagar la tarifa extra. Eso es algo que se estudió en su momento por las consecuencias que puede traer para los recolectores y por eso, se hizo la ordenanza en 2012. No se puede obligar a la 9 de Julio a levantar esos pesos porque no corresponde«, a sabiendas de que no es esa la cuestión de fondo: de lo que se trata es de revisar el kilaje máximo, obligar a repartirlo en bolsas que no superen por ejemplo los 10 kg. y promediar lo que realmente los comercios desechan por semana y por mes para que la obligatoriedad o no de instalar un contenedor responda a la realidad de su actividad y no a una imposición caprichosa que solo beneficia a los empresarios recolectores.

Que además sabemos que componen un monopolio con la «9 de Julio» que otorga zonas y organiza el trabajo de sus empresas cautivas encargadas de la provisión y manipulación de los contenedores.

La mujer del César…

«no solo debe ser honesta, sino parecerlo» le dijo Julio César a su esposa Pompeya cuando le notificó que había resuelto divorciarse de ella por las sospechas de una relación prohibida que podía estar manteniendo con el joven patricio Publio Clodio Pulcro. 

¿Tendremos que colgar imágenes del ilustre romano para que nuestros funcionarios aprendan que cuando abren la boca no pueden darse el lujo de despertar sospechas de connivencia con aquellos proveedores del municipio que cobran ingentes sumas de dinero que salen de los bolsillos de los mismos ciudadanos que sostienen con su esfuerzo el erario público y el salario de quienes se supone deben defender sus intereses y resolver sus problemas?.

Eduardo Leitao parece haber olvidado por un momento que él ocupa el lugar que ocupa con el solo fin de escuchar las necesidades de los contribuyentes -en este caso comerciantes- y buscar para ellos las soluciones que alivien sus penurias y faciliten su actividad.

El Concejo Deliberante tiene que comprender que si en el momento de aprobar el pliego de bases y condiciones omitieron u olvidaron poner las salvaguardas necesarias para evitar estos abusos, tienen ahora la posibilidad de una ordenanza complementaria que corrija los errores y suplante las carencias. Los representantes del pueblo de Mar del Plata no pueden ser rehenes de una empresa ni de un contrato, ni pueden dejar de resolver el pedido de sus mandantes.

Ambos poderes municipales están para servir a los contribuyentes y no tienen otro destino. Y en un momento en el que todas las noticias sobre el desempleo y la pobreza son ciertamente alarmantes, esa atención al vecino debe convertirse en una política central, sin desmayos, concesiones…ni cosas raras.

Ojalá lo comprendan antes de que cierre el último de los negocios de una Mar del Plata en crisis…