EL PRESUPUESTO Y LA TRAMPA POLÍTICA

En el país y en la ciudad existen viejos y nuevos ejemplos de la dificultades que debe enfrentar una administración cuando se le niega ese instrumento fundamental. Y no siempre ha sido por motivos técnicos.

En noviembre de 2010 la entonces oposición al gobierno de Cristina Kirchner resolvió dejar sin quorum la sesión de la Cámara de Diputados en la que debía tratarse el presupuesto nacional para el año 2011. Agustín Rossi, titular del bloque oficialista en Diputados sostuvo que quienes así habían obrado cometían un «suicidio político» y se explayó acerca de los problemas que traería al país el hecho de que la presidente se viera obligada a apelar a la Ley de Administración Financiera, instrumento que le permitía prorrogar el que estaba vigente para el año en curso.

Por otro lado, el artículo 15 de dicha normativa establecía que las “autorizaciones para la contratación de obras que comprometan ejercicios futuros caduquen al cierre del ejercicio fiscal siguiente”. Es decir, todo el plan de obras incluido en el Presupuesto 2010 estaría vigente para el 2011, obligando a que cualquier nuevo emprendimiento fuese dispuesto por un decreto especial por fuera del cálculo previsto.

Algo similar ocurrió con la administración de Carlos Fernando Arroyo en su último año de gestión ya que el presupuesto reción fue aprobado unos pocos meses antes de terminar la gestión.

El obstruccionismo deliberado en la materia no es nuevo ni pertenece a un solo color político. Hace ya muchos años los presidentes Arturo Frondizi y Arturo Illía sufrieron maniobras similares que convirtieron sus gestiones en verdaderos calvarios y que a la postre fueron argumento para su destitución, dejando en evidencia un canibalismo antidemocrático que ha hecho carne en la vida política nacional.

Porque lo que aquí queda expuesto es que tanto el peronismo como los partidos que históricamente se le han opuesto son capaces de recurrir a la nada respetable costumbre de negar a quien gobierna un instrumento fundamental para desarrollar los planes que en cada caso se tiene para gobernar.

Una vieja costumbre de la institucionalidad civilizada es la que sostiene que a ningún gobernante se le niega el presupuesto. En todo caso es función de los cuerpos deliberativos -y en especial de la oposición- controlar la ejecución del mismo y, al final del ejecicio, aprobar o rechazar la rendición de cuentas.

En pocas horas más el Concejo Deliberante, con la correspondiente Asamblea de Mayores Contribuyentes, debatirá el presupuesto para este año 2020 presentado por la administración que encabeza Guillermo Montenegro.

Y si bien es bueno que cada formación política exponga y señale las disidencias que pudiese tener con lo planteado por un gobierno que acaba de ser elegido por la mayoría de los ciudadanos de General Pueyrredón, no es menos cierto que rechazar el cálculo de gastos y recursos se inscribiría en aquella costumbre del canibalismo político nacional y supondría una intención obstruccionista que, una vez más, rozaría lo destituyente.

Ya es hora de que nuestra clase política madure, asuma sus responsabilidades y permita gobernar a quienes han sido puestos en esa circunstancia por la decisión popular.

Y que el camino de acceso al poder deje de estar empedrado de chicanas, malas intenciones e irresponsabilidades.

¿Se entiende?…