El riesgo de que una mala Corte suplante a una mala Corte

Por Adrián Freijo –  El debate acerca de la reforma judicial se convierte en una entelequia cuando la opción presentada esconde el verdadero drama argentino en materia de administración de justicia.

 

La Corte Suprema de la Nación entró en coma profundo un 8 de setiembre de 1930 cuando el máximo tribunal convalidó el golpe de estado del general José Felix Uriburu contra el presidente constitucional Hipólito Yrigoyen y legitimó la asonada.

Bastaron dos días desde el cuartelazo para que aquellos jueces –José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna, a instancias del Procurador General Horacio Rodríguez Larreta, resolviese que » ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación, y por consiguiente para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas, y ha declarado, además, en actos públicos, que mantendrá la supremacía de la Constitución y de las leyes fundamentales del país, en el ejercicio del poder» y de esa forma decretara la continuidad jurídica de los actos públicos y por consiguiente la legitimidad necesaria para ser reconocido como «emergente de la Constitución» .

Desde entonces...nada ha cambiado.

Durante el primer gobierno peronista, con el voto de sus legisladores y la disidencia de los radicales la Cámara de Diputados aprobó promover juicio político contra los jueces Repetto, Sagarna, Nazar Anchorena y Ramos Mejía y contra el Procurador General Álvarez.

A poco de andar se constituyó una Corte adepta que aprobaba a libro cerrado todo lo que el gobierno necesitaba para llevar adelante sus políticas reformistas.

Producido el golpe de 1955 y asumido el gobierno de facto de la Revolución Libertadora, sus primeras medidas fueron disolver el Poder Legislativo, derrocar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que en los días siguientes serían suplantado por otros cinco por un simple decreto.

Asumido Arturo Frondizi resolvió poner en comisión a todos los jueces, incluidos los de la Corte, y procedió a designar gente de su entera confianza. Tal es así que en las últimas horas de su gobierno logró negociar con el presidente del alto tribunal, Julio Oyhanarte, que el presidente provisional del Senado José María Guido asumiese la presidencia para evitar un militar en el poder.

Para no abundar en datos y aburrir al lector, diremos que todos los gobiernos que siguieron a aquella convulsionada época siguieron el mismo camino: cambio de la Corte e instalación de nuevos miembros, afines al pensamiento del poder de turno.

En eso no hubo diferencias entre civiles y militares y es doloroso reconocer que en este tiempo democrático la calidad del máximo tribunal ha brillado por su ausencia. En la misma medida en la que los escándalos, el oportunismo y la sujeción a los dictados del gobierno se ubicaron al orden del día.

Desde aquel magistrado a la que se le cayó su amante por la ventana en un hotel parisino, sin que siquiera se le cruzase la idea de renunciar a su puesto por cuestiones de decoro, hasta la bochornosa corte menemista que convalidó negocios oscuros y privatizaciones amañadas.

La farolera intervención de Néstor Kirchner para obligar a la renuncia de sus integrantes no fue otra cosa que una nueva vuelta de tuerca en la vieja costumbre de la manipulación de los fallos judiciales: los nuevos miembros fueron elegidos entre personajes de dudosa enjundia jurídica -excepción hecha de Cármen Argibay Molina– y una tendencia notoria a dormir todas aquellas causas que afectaran al poder. La persecución final sobre la figura de Carlos Fayt fue la imagen emblemática de aquel «vamos por todo» judicial.

Comandados por la hábil cintura política de Ricardo Lorenzetti los integrantes de la Corte se convirtieron en especialistas en mirar para el costado cuando de hechos de corrupción o manipulación grosera de los mecanismos legislativos se trataba. Y fue la república, o lo que de ella quedaba, la que pagó el precio más alto…

No se entiende entonces el escándalo parcial que despierta la decisión del presidente Alberto Fernández de ampliar el número de miembros del cuerpo y posiblemente dividirlo en salas, algo que contradice no solo el espíritu sino también la letra de la Constitución Nacional. ¿No es tan solo un eslabón más de la larga cadena de sometimiento del estado de derecho a la realidad política que jalona nuestra historia desde aquel ya lejano 8 de setiembre de 1930?.

Aunque sepamos, sospechemos o temamos que la intención pueda ser la de instalar la impunidad, debemos tener el coraje de preguntarnos si con anterioridad ese disvalor no se encontraba presente en nuestra historia y no había sido avalado por el Poder Judicial. Desde la convalidación de las dictaduras hasta el atropello de las autonomías provinciales, todo precepto constitucional fue pisoteado en la Argentina ante la pasividad de sus tribunales.

El espectáculo que se observa por estas horas -la lucha entre enjundiosos constitucionalistas indignados por la maniobra y no menos notorios leguleyos defensores del proyecto presidencial- no es otra cosa que una impostura más de las tantas que sirven para alimentar la grieta: si esto lo hubiese intentado Macri, los que hoy dicen que no hubiesen gritado que si, y viceversa.

Por eso, y a la espera de que alguna vez podamos comenzar a construir una república en serio, no queremos sumarnos al coro fariseo de quienes parecen descubrir ahora el valor de la independencia de los poderes.

Nunca existió, nadie la buscó y si todo sigue como está previsto…ocurrirá que una nueva Corte, seguramente mala, suplantará a esta Corte, probadamente pésima.

Hasta el nuevo gobierno y el nuevo cambio…