Como el dictador Francisco Franco, la presidente quiere dejar todo «atado y bien atado» cuando deje el poder. Seguramente como al caudillo ibérico las intenciones no le alcanzarán.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que enviará un proyecto de Ley para la creación de un organismo destinado a manejar las acciones de empresas privadas que se encuentran en manos del Estado, y para que una eventual venta de estas tenencias en el futuro requiera de la aprobación de los dos tercios de los integrantes del Congreso.
El sueño de Franco de una España «atada y bien atada» tras su muerte, estalló en mil pedazos
La clara intención de la mandataria es dejar a su sucesor las manos atadas en todas las áreas de gobierno.
Así ocurrirá con la presencia de la procuradora Gils Carbó, del titular del BCRA, Alejandro Vanoli y con tantas otras personas y cosas.
Los españoles todavía recuerdan cuando Francisco Franco aseguraba que tras su muerte «España queda atada y bien atada», haciendo referencia a un conjunto de leyes que marcarían el paso de los futuros gobiernos. Nada de eso ocurrió y en poco tiempo la nueva monarquía constitucional encarnada en Juan Carlos I abrió las compuertas a un nuevo tiempo de libertad y democracia. Los sueños de eternidad, una vez más, volaron en mil pedazos.
«Estamos enviando al Congreso un proyecto de Ley para la conformación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas», dijo Fernández de Kirchner durante un acto celebrado este jueves en la Casa de Gobierno a través de una cadena nacional.
Esta agencia, una vez creada, será presidida por el director de la ANSES, entidad que maneja en la actualidad estas acciones que les fueron transferidas luego de que se diera de baja el sistema de AFJP y que el sistema previsional pasara nuevamente a manos del Estado.
Cristina anunció además que el proyecto contempla que «para decidir la venta de estos importantes activos de los jubilados y de los trabajadores (en el futuro), ya no bastará con la lapicera de nadie. Tendrá que ser aprobada por las dos terceras partes del Parlamento, para que sea un reaseguro, para que nadie disponga alegremente de los de los bienes de los argentinos».
Pareciera que para disponer esos mismos fondos para malgastarlos en un obsceno déficit fiscal, lo que también compromete el futuro de los jubilados, solo hace falta la voluntad de una persona: ella.
La jefa del Estado dijo que el Gobierno argentino no quiere «que nos suceda lo mismo que Grecia», que transfirió recientemente el manejo de sus aeropuertos a empresas alemanas, como parte del plan de ajuste para pagar las deudas que mantiene con organismos crediticios a través de bienes que se encuentran en manos del Estado heleno.
Detalló que a través del Fondo de Garantías que maneja la ANSES, «los argentinos somos dueños» del 9% de las acciones de Aluar, empresa monopólica en la producción de aluminio; del 3,5% de las acciones de Cresud; del 20% de Molinos; del 27% de la productora y exportadora de limones San Miguel; del 26% de las acciones de Siderar; del 11% de Petrobras; del 64% por ciento de las acciones del Banco Hipotecario; y el 31% de las acciones del Banco Macro.
También están en poder del Estado el 20% de las acciones del Banco de Galicia; el 25% de Nordelta y el 9% del Grupo Clarín.
Todas estas acciones y muchas otras «representan entre el 12 y 15% del total de los 548.000 millones de pesos» que maneja la ANSES a través del Fondo de Sustentabilidad, resaltó Fernández de Kirchner.
Esta Agencia contará «con cinco miembros, tres por el Poder Ejecutivo Nacional y dos por el Poder Legislativo», dijo la jefa de Estado. Asimismo se establece la creación una «Comisión Bicameral permanente de participación Estatal en Empresas» integrada por ocho senadores y ocho diputados nacionales.
