Por Adrián Freijo – Con su doble mensaje característico la clase política se niega a utilizar el estado de sitio, mientras hecha mano a todos los demás regímenes de excepción que le habilita la Constitución.
El estado de sitio, junto con la intervención federal, los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y la delegación legislativa, conforman los denominados institutos de emergencia, consagrados en la Constitución de la Nación Argentina. Es considerado como una medida excepcional y extraordinaria cuya declaración compete a los poderes políticos del gobierno federal, dictada en circunstancias de extrema gravedad para el orden público, la seguridad común y la paz interior.
¿Cabe alguna duda que en estas horas, cuando un enemigo invisible invade a nuestro país, pone en riesgo la salud y la vida de las personas y genera una situación económica calamitosa que proyectará sus consecuencias por un largo tiempo mientras miles de argentinos se niegan a cumplir con una cuarentena, que debe ser equiparada a una estrategia de defensa en el caso de una guerra convencional, atentando contra la seguridad general y comprometiendo el éxito final de la estrategia dispuesta por el gobierno nacional, supone el momento ideal y necesario para echar mano a este remedio constitucional?.
¿Por qué nuestros gobernantes y legisladores no hesitan al momento de utilizar los DNU y la delegación de funciones legislativas -y en tantas ocasiones, algunas muy cercanas, a la intervención federal a provincias o poderes- se niegan sin embargo a tomar esta medida de excepción que asegure el cumplimiento de las reglas de juego elegidas para este combate?.
Ha quedado en claro que con las advertencias y promesas de inflexibilidad no alcanza. Sin que sea culpa de las nuevas autoridades, recientemente asumidas, es evidente que los argentinos no tomamos muy en serio la palabra de nuestros gobernantes. No asustan ni convencen…porque raramente cumplen.
Hoy no tenemos tiempo para que Alberto Fernández y sus funcionarios nos demuestren que son distintos. Y para que esa posibilidad llegue a encarnar en cada uno de nosotros hace falta aplicar ahora cada remedio que nos ofrece la Constitución para frenar a los irresponsables, detener a los perversos y poder abocar a todas las fuerzas del estado -militares, de seguridad y policiales- a una tarea en la que está en juego la continuidad de la Argentina.
No se trata de un salto al vacío ni de instalar una dictadura encubierta. Cualquiera sea la razón que haya motivado la declaración del estado de sitio el Poder Ejecutivo no podrá arrogarse competencias que excedan la órbita que le es propia. Mucho menos asumir las del Poder Judicial, puesto que no podrá condenar ni aplicar penas por sí.
Por el contrario, podrá arrestar a las personas que sean encontradas en flagrante delito. y violar una cuarentena lo es, según lo normado en los art. 205 y 207 de nuestro Código Penal. Y aunque la declaración del estado de sitio sea considerada como una cuestión política no justiciable, quedarán las medidas excepcionales que a causa de él se tomen sujetas al control por parte del Poder Judicial.
Basta entonces de falsos remilgos, de ideologismos sin sentido y de especulaciones de bajo vuelo que lo único que hacen es dejar, una vez más, que los inadaptados marquen el paso y comprometan el futuro de todo el conjunto.
Llegó la hora de actuar con verdadera firmeza y los argentinos que entendemos la gravedad de la hora, nos cuidamos a nosotros mismos y a los demás y formamos parte de una inmensa fuerza moral que se ha dispuesto a vencer el desafío de esta hora lo vamos a compartir, aceptar y agradecer.
Sr. Presidente: el estado de sitio es seguramente un imperativo inexcusable que le permitirá a la vez un ejercicio de firmeza, moderación y verdadera convicción democrática.
Úselo…