Evo Morales pide calma en un clima de protesta social

En La Paz, un vasto operativo policial circundaba la  sede del Ejecutivo integrantes de organizaciones sociales hacían guardia ante el trascendido de que se intentarían acciones de choque.

A horas de que venciera el ultimátum lanzado por líderes civiles opositores de los departamentos de mayoría opositora del país, el presidente de Bolivia, Evo Morales pidió hoy «paz» y ordenó el despliegue de cientos de policías alrededor de la sede de gobierno en la capital.

“Sólo hay paz cuando hay justicia social y ahí queremos decirles (a la oposición) que no vengan provocando al pueblo boliviano, a los distintos sectores sociales”, aseguró el mandatario al inaugurar una obra en la ruta que conecta la ciudad de Caracollo, en el departamento de Oruro, y Colquiri, en el de La Paz, en el oeste del país.

Morales, además, volvió a acusar de golpistas a los comités cívicos, que le dieron un ultimátum de 48 horas el sábado a la tarde, que vence hoy a las 19 (20 hora argentina).

«Quienes estamos aquí somos los nacionalizadores y los que están buscando un golpe de estado son los privatizadores», sostuvo, citado por el diario local Página Siete.

Poco antes, en declaraciones a la radio San Gabriel, reproducidas por la agencia noticiosa estatal ABI, el mandatario había hecho «un llamado a defender la patria», lo que en los días anteriores desembocó en multitudinarias manifestaciones oficialistas, principalmente en La Paz.

Luego de que a la tarde se informara que Morales tuvo que aterrizar de emergencia porque el helicóptero presidencial tuvo un problema técnico, cientos de policías antidisturbios comenzaron a rodear la Casa Grande del Pueblo y el Palacio Quemado -la actual sede del gobierno y la anterior-, en la capital, La Paz.

Ya a la mañana, la ciudad había amanecido con barricadas en distintas calles clave y algunas escenas de violencia entre choferes y manifestantes.

La zona sur, en la que más puntos de bloqueo instaló la oposición durante este tiempo, incluidos los fines de semana, presentaba barricadas reforzadas con el uso de llantas, piedras y maderas.

A lo largo del día, las protestas contra el presunto fraude del gobierno se trasladaron frente a instituciones públicas en varias ciudades como Sucre, capital del país y sede del Poder Judicial.

Los accesos a instituciones como el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado de Bolivia quedaron afectados por protestas y bloqueos en esa ciudad.

Además, otra protesta obligó al cierre de sucursales del estatal Banco Unión en esta ciudad y otras urbes bolivianas.

La Alcaldía de Cochabamba, en el centro del país, en tanto, tuvo que cerrar durante buena parte de la mañana, mientras en la cercana ciudad de Quillacollo la puerta del gobierno municipal fue tapiada con ladrillos.

Un cartel junto al muro improvisado advertía que el ingreso estaba «clausurado por los vecinos».

Las sedes del Servicio de Impuestos Nacionales del Estado, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y la Defensoría del Pueblo también fueron destinos elegidos por las movilizaciones en Cochabamba.

Sin embargo, las protestas opositoras más grandes se esperaban hoy en Santa Cruz.

El sábado a la noche líderes opositores de comités cívicos de ocho departamentos lanzaron desde allí el ultimátum a Morales y prometieron volver a reunirse cuando el plazo venciera para «tomar determinaciones».

«Decirle al tirano que tiene 48 horas para renunciar», había advertido el líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Camacho, ante miles de personas que volvieron a protestar el sábado por la noche, a los pies del cristo Redentor en la ciudad de Santa Cruz, contra los resultados anunciados oficialmente.

Este grupo de comités cívicos aglutinan a organizaciones civiles de cada departamento y han sido los más férreos opositores al gobierno de Morales.

Camacho también contó que le envió una carta a los generales de cada rama de las Fuerzas Armadas para que se unan a su pedido de renuncia presidencial y su reclamo de que haya un balotaje el mes próximo.

Después de un largo e interrumpido escrutinio, las autoridades electorales nacionales dieron como ganador de las elecciones del 20 de octubre a Morales en primera vuelta por obtener más de 40% de los votos y una diferencia de diez puntos porcentuales con su principal rival, el ex mandatario Carlos Mesa.

Pero las interrupciones en el escrutinio sembraron dudas en la campaña de Mesa, de la mayoría de la oposición e, incluso, de parte de la comunidad internacional.

Por eso, para frenar la ola de protestas y la huelga declarada por los comités cívicos en las zonas de mayoría opositora, Morales aceptó que la Organización de Estados Americanos (OEA) realizara una auditoria especial, una propuesta que la organización hemisférica aceptó, pero Mesa y los cívicos no.

Ayer, Comunidad Ciudadana (CC), la coalición que obtuvo el segundo lugar en las elecciones presidenciales, según el escrutinio oficial que ahora está siendo auditado, aclaró que no fue consultada por los comités cívicos de Santa Cruz y los otros departamentos de mayoría opositora antes del anuncio de su ultimátum, y destacó que no comparte esa decisión.