EXCLUSIVO: fuerte avance sobre jubilados pactado con el FMI

Especial LIBRE EXPRESIÓN El acuerdo con el Fondo para bajar el gasto público incluye un ajuste jubilatorio que incluye un proceso de dos años con recortes, traspaso y reaparición de AFJP.

Uno de los aspectos más cuestionados por el Fondo Monetario Internacional en lo referido al déficit fiscal argentino fue en lo que tiene que ver con  el gasto social. Y dentro de este amplio item fue especialmente criticado el gasto previsional. Para el organismo la relación técnica entre activos aportantes y pasivos beneficiados es insostenible y, dicen sus técnicos, el sistema estallará mucho antes de una década.

Sin embargo el FMI debió entender que su propuesta original de recortar en un 20% todos los haberes jubilatorios, no tenía margen alguno de aplicación en este momento del país y podría desembocar en un estallido social similar al que produjo en 2001 un anuncio similar por parte del efímero ministro Ricardo Lopez Murphy, quien justamente debió abandonar el gabinete luego de semejante propuesta.

Así fue que entonces se arribó a una propuesta progresiva, a desarrollarse hasta fines de 2020, que incluye los siguientes puntos volcados en un documento adjunto al memorándum de entendimiento que se presentó la semana pasada. Ellos muestran a las claras un duro recorte de los aportes del estado al sistema de reparto, la reaparición de las AFJP -que se denominarán Fondo de Ahorro de Retiro-  y traspaso de la administración, liquidación y pago de jubilaciones a organizaciones gremiales.

Veamos:

-Recorte de los aportes del estado: todos los nuevos beneficiarios del sistema que no hayan completado los aportes fijados por ley estarán incluidos en la llamada Pensión Universal para Adultos mayores (PUAM) que supone hoy un haber de $ 6.128,34 (equivalente al 80% de una jubilación mínima). Desaparece con este sistema toda posibilidad de moratoria o plan que permita completar los años de aporte y acceder a una jubilación mínima, las que se calcula disminuirán en un 12% para 2022 y hasta un 30% en 2030.

-Nuevo sistema privado: como complemento de la medida anterior se autorizará un nuevo sistema de capitalización administrado por privados, que se espera aliviane al estado del pago de las jubilaciones más elevadas y que, para aventar los fantasmas de lo ocurrido en los 90, permitirán que el aportante se acoja a la legislación del país de origen de la administradora o del banco extranjero asociado, en el caso de que la aseguradora sea de capital nacional. Mecanismo similar al de los bonos y fondos nacionales durante la crisis de la deuda.

Estarán a cargo de estas administradoras privadas todos los beneficios de salud, medicamentos, turísmo, sepelios etc. que hasta el momento debía afrontar el estado a través del PAMI. Se pretende generar un mercado activo y atrayente que absorba toda la franja media y alta de aportantes.

-Traspaso a los gremios: tal vez el más cuestionado de los puntos del acuerdo firmado. La diferencia de tamaño y cantidad de afiliados de las organizaciones gremiales y la larga historia de corrupción en el manejo de los fondos de obras sociales sindicales, genera serias dudas a la hora de asegurar el retiro de los beneficiarios.

Para resolver lo primero se propone la creación de lo que sería una ANSES SINDICAL que permitiría igualar en el acceso al beneficio a quienes pertenezcan a organizaciones menores -en Argentina existen 3259 gremios para un 37% de la población económicamente activa sindicalizada- que será dirigida por un directorio surgido de los sindicatos de acuerdo a su cantidad de aportantes y con participación y control estatal.

En lo referente a la vieja corrupción que rodeó a las obras sociales, el estado piensa que, más allá del control que pueda hacerse desde su participación en la conducción del nuevo organismo, la obligatoriedad de manejar los fondos a través del Banco Nación y fuerte limitaciones en los criterios de inversión pueden servir de garantía suficiente para evitar la recurrencia.

Estas son, en líneas generales, las nuevas reglas de juego del sistema jubilatorio argentino. Un estado en actividad decreciente, el capital privado como protagonista creciente y el sector sindical un nuevo actor y parte de una de las actividades económicas más cuantiosas que conozca la realidad del país.

«En una década la ecuación negativa actual (2 pasivos por cada 1 activo) podría revertirse (2 activos por cada 1 pasivo) y si bien esa no sería aún una relación sustentable (se busca llegar a 3,5 activos por cada pasivo en 20 años) el sistema estaría entonces fuera del riesgo de estallar» decían quienes negociaron este acuerdo en Washington y que agregan «no había otro camino; o esto o el recorte directo del 20%».

Lo que aún no se ha definido -pero por lo que el Fondo presiona fuertemente- es el momento en el que va a alargarse la edad jubilatoria. La idea de llevarla a los 70 años en forma obligatoria -hoy es opcional- sigue en el medio de la mesa y la diferencia solo radica en el tiempo y el modo de implementarla.

Lo mismo ocurre con el método de actualización de las jubilaciones ya que el gobierno sostiene que ya ha realizado «el trabajo» sucio al cambiar el sistema de movilidad fijado por el anterior gobierno, mientras el fondo pretende ajustarlo aún más y dejarlo sujeto a negociación para aquellos que opten por el sistema privado.

Todo indica entonces que lo que viene no será bueno para los jubilados y que los próximos años convertirán a esta generación de pasivos en el eslabón de ajuste de un sistema que poco a poco los fue acercando, sin culpa alguna por parte de ellos, al abismo de la pobreza y la inseguridad.

¿Podemos estar aún peor?, se preguntan. Y la respuesta aparece obvia… es la Argentina.