Con verdades a medias, actitudes solapadas y la siempre presente obediencia debida la Cámara de Diputados le dio media sanción. El país se aleja un poco más del mundo capitalista sin saber muy bien hacia donde marcha.
Carlos Heller, el autor de la iniciativa conocida como Impuesto a las Grandes Fortunas, es un hombre formado en el Partido Comunista, cuyos postulados sigue sosteniendo pese a la implosión del modelo que alguna vez pretendió instalar la dictadura del proletariado. Hombre de números, el diputado aliado al kirchnerismo cumple un doble rol que en cualquier país del mundo sería improbable pero que en la Argentina de las contradicciones se convierte en otra anormalidad tomada por normal: puertas afuera del Congreso es un banquero duro, tan insensible y ambicioso como todos sus pares, capaz de aplicar costos financieros fuera de toda lógica y convertir a su banco cooperativo en una más de las instituciones comerciales del mercado, en igualdad de condiciones y similares abusos a los cometidos por aquellos que se suponen parte de la «patria financiera», «el imperialismo criminal» y otras bellezas por el estilo.
Sentado en su banca intenta estar a la izquierda de la más rancia izquierda del sector que representa. Si se tratase de encontrar un caso de esquizofrenia política difícilmente podría hallarse uno similar.
Máximo Kirchner, su compañero de construcción del proyecto, solo aportó el peso necesario para que quede en claro que la nueva gabela llevaba el endoso de Cristina y que acompañarla era estar con ella y rechazarla sería contra su deseo. Nada más…y nada menos.
Viene ahora el tiempo de las demandas judiciales, que encuentran a la Corte con demasiadas cuestiones que negociar «en defensa propia» como para esperar un mínimo de objetividad un posible fallo, que debería terminar con la anulación del escracho jurídico votado anoche y que en horas nomás será corroborado sin inconvenientes en el Senado donde el oficialismo mantiene una cómoda mayoría, ya que surge con claridad que el carácter de aporte voluntario que pretende la norma no es tal, excede las facultades del parlamento, esconde la recaudación del derecho coparticipable de las provincias e intenta un atajo jurídico tan torpe como ineficientemente planteado. Por razones de fondo, y también de forma, la norma debería ser declarada constitucional sin que llegar a semejante conclusión requiriese análisis muy profundos.
Pero la conclusión más importante se vincula con la decisión, una vez más, de abandonar el camino de la lógica capitalista, priorizar las urgencias surgidas del pésimo manejo financiero del gobierno y del BCRA y ahuyentar a los pocos posibles inversores -solo nacionales- que estaban dispuestos a intentar algún emprendimiento en la Argentina. Ya a esta altura es más grande la preocupación por los propios que levantan campamento y se van en busca de nuevos horizontes que por los ajenos que, no cabe duda, ni analizan la posibilidad de traer sus inversiones al país de las reglas de juego inexistentes.
Con lo que el escenario que viene puede ser de una sinrazón difícil de imaginar: un impuesto que, al menos por un largo tiempo, va a ser frenado en la justicia y por lo tanto no va a significar recaudación alguna en lo inminente y una economía cada vez más cerrada, con menos inversiones para su recuperación y todo en el marco de una crisis social que irá acentuándose, en la misma medida que va a exigir respuestas urgentes e inmediatas que solo podrán darse a través de más emisión…o más ajuste sobre los pocos que aún producen.
Salvo que Carlos Heller se convierta en un banquero comunista y comience a entregar líneas de crédito subsidiadas desde las arcas de su banco cooperativo, para ayudar a resolver situaciones terminales de muchos de sus propios clientes.
Pero lo vemos muy difícil…
