El punto sobre las víctimas establece medidas de desagravio sin detallar el presupuesto. Las partes recuerdan que la justicia especial del proceso no incluye la «amnistía general»
Después de un año y medio de negociación sobre cuál iba a ser el tratamiento de las víctimas una vez que se firmara el fin del conflicto, estas se han convertido por fin en protagonistas del proceso de paz colombiano. La delegación del Gobierno y la guerrilla de las FARC destrabaron la mañana del martes el punto 5 del acuerdo, el que más problemas y desencuentros ha generado después de tres años de diálogos en La Habana. Este no solo se refiere a los afectados por el conflicto, también incluye el capítulo sobre justicia. El programa de reparación pactado garantiza, sobre el papel, la participación de todos aquellos involucrados de manera directa e indirecta en el conflicto: el Estado, los guerrilleros y “otros sectores de la sociedad”, sin nombrar de manera concreta al paramilitarismo o sus financiadores.
La reconciliación, la no repetición y la convivencia han sido las palabras más repetidas en un acto en el que no han intervenido el Ejecutivo, las FARC y una delegación de 10 víctimas. “Respaldamos el proceso, pero no renunciamos a la justicia y a la reparación”, dijo Jineth Bedoya, portavoz de la comitiva, en un discurso en el que especificó que no conocían el contenido de lo pactado cuando lo redactaron. Se mostraron especialmente preocupadas por que se garantizara la búsqueda e identificación de los desaparecidos en una guerra sin cifras concluyentes. Entre 45.000 y 106.000, según organismos oficiales, pero sin un registro consolidado
