«Bailando en las Cocheras»: la película que nunca podrá rodarse

Por Adrián FreijoLa instalación de un boliche bailable en las cocheras subterráneas de Playa Grande es turbio negociado que vuelve a intentarse disfrazándolo de «generación de empleo».

Este miércoles, la Comisión de Turismo del Concejo Deliberante tratará la nota que la empresa Playa Azul SA pidiendo modificar el pliego de la concesión para ampliar los usos autorizados en la UTF denominada estacionamiento del Complejo de balnearios de Playa Grande con el objetivo de  abrir un boliche en ese sector selecto de la costa marplatense.

Como ocurre siempre cuando de aprobar algo fuera de norma se trata, el pretexto utilizado para violar la ley es la generación de empleo genuino que, por lo demás, nunca llega a ser de la magnitud que los empresarios y políticos adelantan en su renovada«sensibilidad social».

Si bien el cuestionado proyecto comenzará ahora su recorrido por las comisiones del Concejo Deliberante -a la espera de los dictámenes que se solicitaron al EMTUR y a Gobierno- todo hace pensar que el tránsito hacia el recinto no debería ser nada fácil.

¿Porqué?, muy sencillo…la ley provincial que rige la concesión de Unidades Turísticas es clara al respecto de la imposibilidad de cambiar el destino original de las mismas, salvo casos de fuerza mayor que obviamente no existen en este torpe intento de negociado.

Podríamos además detenernos en las normas extremadamente rígidas para habilitar un local bailable, imposibles de cumplir en el espacio físico del que se trata, pero no creemos que eso sea necesario debido a lo taxativo de la ley de referencia.

El DECRETO 948/70  que fija las condiciones para un «Pliego y Reglamento tipo para las licitaciones de unidades fiscales de explotación turística», en su parte central que fija el «Reglamento de Concesiones de Unidades Fiscales para Explotación Turística», en su  Artículo 32 fija que  «No se efectuará modificación alguna a las obligaciones emergentes de los pliegos de bases y condiciones». Como en todo capítulo de normas generales de un cuerpo legal, ninguna interpretación parcial de alguno de sus artículos puede ser considerado suficiente para violar el espíritu de la ley.

Aunque este no sea el caso: en el articulado específico en el que se dan las normas para la redacción de un Pliego Tipo de Bases y Condiciones, Cláusulas Generales, Artículo 31 afirma que «No podrá darse a las unidades adjudicadas, ni total ni parcialmente otro destino que el fijado oportunamente, el que será invariable por todo el período de concesión. Salvo expresa autorización en contrario con intervención del Poder Ejecutivo».

Y tan clara es la intención del legislador que agrega que «en caso de incumplimiento de las mencionadas disposiciones, será declarada la caducidad de concesión con más la pérdida del depósito de garantía. Asimismo se decretará la inhabilitación por el término de 4 años, para presentarse a licitación de cualquiera de las unidades fiscales».

Demasiado claro como para obviar que, además de las siempre tortuosas y tantas veces sospechosas interpretaciones que en nuestro municipio suelen utilizarse para autorizar esperpentos jurídicos, es imprescindible la intervención del estado provincial que en principio difícilmente esté dispuesto a acompañar un negociado que además todos sabemos con nombre y apellido.

En el capítulo Cláusulas Generales, Artículo 12 el Decreto sostiene que los concesionarios «No podrán por si realizar ninguna clase de modificaciones en locales o edificios, que cambien la estructura original de los mismos, sin previa autorización de la Dirección de Arquitectura u organismo competente».

Sería bueno que los concejales integrantes de las comisiones nombradas tomaran nota de esta cuestión que obliga además al giro del expediente a la Comisión de Legislación para que, con la firma de sus integrantes, se resuelva si existe algún vericueto legal que puedan los ediles utilizar para sortear la obligación de elevar la solicitud al gobierno provincial. Ya ha llegado el tiempo en el que los representantes del pueblo de General Pueyrredón, si consideran que una norma puede ser cambiada arbitrariamente, pongan su firma y asuman las responsabilidades emergentes de sus actos.

Para que empiecen a terminarse los buenos negocios para pocos a costas del cada vez mayor deterioro de la calidad de vida de una ciudad harta de ser un coto de caza de los vivos de siempre.

Que este estrafalario proyecto sirva al menos para que demos un giri…perdón un giro a esta perversa costumbre de los negocios privados con dineros y/o espacios públicos.

A buen entendedor…