INFORME ESPECIAL (Redacción) – Ernesto Barreiro no es un «arrepentido» ni está preso de su conciencia. Un negocio con el gobierno busca cambiar verdad por conveniencia.
Las confesiones del ex militar Ernesto “Nabo” Barreiro no han sido un rayo en un día de sol ni se trata de un acto de arrepentimiento de alguien que no puede ya cargar con el peso de su conciencia.
Por el contrario, las circunstancias que hoy son noticia en todos los medios del país, surgen a partir de un pacto entre el militar y sectores del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que buscan que la etapa que fuese encabezada por Maria Estela Martínez de Perón esté en el ojo de la tormenta en pleno año electoral.
Desde las cercanías de la Presidente se ha tomado debida nota del hartazgo que la sociedad comienza a tener después de un cuarto de siglo de gobiernos peronistas y busca por todos los medios que esa condena se centre en la propia historia del movimiento y su creador, planteando al kirchnerismo como la contratara de aquel proyecto.
Si a partir de las confesiones de Barreiro el oficialismo pudiese conseguir que la Corte Suprema declare que crímenes de lesa humanidad se cometieron durante el gobierno de la ex mandataria, el gobierno de España, que hace algunos años negó la extradición de Isabel, no tendría otra posibilidad que hacer ahora lugar a la misma y enviarla a la Argentina.
La especulación del oficialismo pasa por la posibilidad de “cubrir” con semejante presencia un año electoral que no se presenta fácil debido al constante deterioro de la economía.
Algunos de quienes participaron de la negociación –Carlos Kunkel y el “Cuto” Moreno no serían ajenos a la misma- buscan en el fondo cerrar el círculo de una venganza histórica que sólo consideran demorada.
Desde las oficinas de Gils Carbó se cerraron los detalles del “negocio”: Barreiro será condenado a no más de 20 años de prisión y para fines de 2015 gozará de arresto domiciliario con libertad morigerada por “razones de salud”.
En cercanías de la Procuración General de la Nación se afirma que dentro del paquete acordado se encuentran cuatro ex militares más, todos vinculados en su juventud a la represión ilegal y más acá en el tiempo al movimiento carapintada. Otras versiones hablan de tres integrantes de las FFAA y un ex miembro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
El juicio de La Perla
De las 417 víctimas por las que se lleva a cabo este juicio, el 45% permanece desaparecido; el 40% sobrevivió y del otro 15% pudo comprobarse su muerte .
Según declararon algunos sobrevivientes, durante los últimos meses del gobierno constitucional de Isabel Perón, La Perla ya funcionaba como centro represivo ilegal. Entre marzo de 1976 y mediados de 1977 habrían pasado por allí entre 2.500 y 3.000 víctimas del terrorismo de Estado. Fue cerrado en diciembre de 1978, según recuerdan algunos de los sobrevivientes.
