JUBILADOS: LA ESTUPIDEZ COMO TELÓN DE LA NUEVA ESTAFA

El anuncio de la Anses sobre la quita del beneficio de $3.000 a los jubilados pone en evidencia dos vicios del sistema: la apropiación indebida de fondos y el desconocimiento al peso de la tercera edad en la reactivación económica.

En la Argentina ya no tiene sentido discutir el fondo moral que para una sociedad representa el reconocimiento a sus mayores, el respeto debido a quienes han trabajado toda una vida en la construcción de un país de cuya decadencia no son responsables y tampoco el valor de la propiedad privada como instrumento del desarrollo de la cultura de la honestidad y los límites.

¿Para qué hablar de cosas que hace mucho hemos decidido abandonar, desconocer y arrumbar en el rincón de lo inútil?.

Mientras la Anses ha comunicado que en mayo no se hará efectivo el magro bono de $3.000 a los pasivos argentinos, el gobierno resuelve agregar a la Tarjeta Alimentaria un pago extra que será de entre 4.000 y 6.000 pesos y que saldrá de los fondos de la entidad que cubre a los jubilados que además quedan afuera de este beneficio que solo está destinado a madres y padres con hijos o hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo ( AUH); embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo; y personas con discapacidad que reciben la AUH.

Un universo de 4 millones de personas beneficiadas lo que supone, en el caso del pago ahora anunciado, un costo de 20.000 millones de pesos que pasarán de las manos de sus verdaderos dueños -por lo demás aportantes directos- a las de quienes, sin poner en tela de juicio la validez de sus reclamos y necesidades, recibirán un beneficio que de esta forma no viene del estado sino directameente de los jubilados. 

Algo de debemos tener en cuenta al momento de consumir la profusa publicidad oficial llena de «hemos hecho», «hemos otorgado», «hemos conseguido» que debería sin embargo reconocer que quienes lo han hecho son los verdaderos dueños del dinero que maneja la Anses.

En abril la canasta básica de los jubilados ya alcanza los $ 45.000. Aumentó 47,5% en un año y es bastante más alta que el haber mínimo de $ 15.892. Una brecha de $ 30.000 entre lo que necesitan y lo que reciben, de manera tal que solo entregándoles durante diez meses el bono de $ 3.000 se llegaría a compensar…un mes de desfasaje. Y sin embargo se resuelve quitarles el «beneficio» cobrado en marzo y abril.

Mientras esto ocurre el estado financia el Tesoro Nacional con fondos de la Anses a la que ya le debe la friolera de $ 400.000 millones, mientras las provincias reconocen una deuda con el organismo que supera los $140.000 millones. Dinero de los jubilados que ha sido cambiado por bonos de dudosa solidez y nulas posibilidades de rescate.

Una estafa con todas las letras, solo explicable en una país cuya sociedad ya ha perdido hace mucho cualquier noción de la decencia y el valor de los compromisos asumidos. Ni que decir acerca del respeto a la propiedad privada…

Pero además se insiste en desconocer el peso que la clase pasiva tiene en la economía nacional. Porque la tercera edad consume pero también aporta. Cada mes sus haberes sufren descuentos en materia de asistencia social que hacen que, más allá de las livianas afirmaciones que por desconocimiento y mala fe suelen realizarse desde el propio gobierno nacional -sin importar el signo político del mismo- el sistema sea auto suficiente en materia de financiamiento. El déficit del PAMI es desde hace décadas producto del desquicio administrativo, la corrupción y su carácter de caja política al servicio del poder de turno y los negocios personales de sus funcionarios. No por las prestaciones a sus verdaderos dueños…

Una vez más los jubilados se convierten en variable de ajuste, en este caso en nombre de una supuesta solidaridad que nada tiene que ver con lo que les toca vivir. ¿Puede darse el lujo de serlo aquel cuyo ingreso se ubica hoy varios puntos por debajo de la línea de pobreza?; ¿debe acentuar su propia miseria para cubrir la que los gobernantes han generado con malas gestiones en otros sectores de la comunidad?, ¿arregla un país sus inequidades robando a unos para sostener a otros?.

Arrinconar a los jubilados en la pobreza es, además de una vileza, un signo inocultable de estupidez: se priva al mercado de un sector que, en lo mucho y en lo poco, moviliza el consumo constante en rubros como la alimentación, los remedios y la recreación. No son contrapesos, son agentes activos de la vida económica.

Aquella a la que aportaron durante toda su vida y hoy pretende –ante la presión política y las amenazas de dirigentes sociales prohijados desde el poder– dejarlos una vez más al costado del camino.

Un orden de prioridades puesto, una vez más, patas para arriba…