El 17/12/2014 los medios daban cuenta de la queja de estas dos ONG acerca de la situación por la que atravesaban Lucía Sosa y Javier Picart padres de dos menores muertas y hoy prófugos.
Expresiones públicas de inusual dureza, marchas y acusaciones de «violencia institucional», «apropiación de menores», «machismo», «incapacidad profesional» y otras cosas por el estilo, jalñonaron una violenta campaña de las ONG conocidas como La Alameda y en Red, representada por la sicóloga Patricia Gordon, para que la justicia devolviese la tenencia de sus hijos menores al matrimonio compuesto por Lucía Sosa y Javier Picart a quienes se le había retirado por sospechas de abuso.
Semejante enjundia presionó a las autoridades judiciales -que también deberían por estas horas hacer una fuerte autocrítica por su debilidad ante la «opinión publicada»– y abrió la puerta a una impunidad que ahora termina con la espantosa muerte de otra de sus hijos.
Desde la ONG EnRed denunciaron entonces que la violencia y discriminación institucional que sufría la familia Sosa-Picart viene de los poderes médicos, judicial y eclesial.
La ONG aseguró que “se trata de un caso de apropiación de chicos como consecuencia de un diagnóstico hecho por profesionales no capacitados”.
Todo un catálogo de prejuicios ideológicos y desviaciones conceptuales que terminan hoy en un drama que lamentablemente no tiene reparación.
¿Hay algún control sobre la capacidad profesional de quienes realizan estos inconcebibles diagnósticos?; ¿hay responsabilidades emergentes de semejante equivocación que los afecte?; ¿siguen en el libre ejercicio de su profesión como si nada?.
Muchas preguntas que deberían tener alguna respuesta de una sociedad generalmente apichonada por las bravatas, agresiones e insultos de estos personajes que siguen insistiendo en que la única verdad es la que ellos esgrimen.
Aunque el costo sea la vida de dos menores en manos de padres bestiales.
