(Escribe Adrián Freijo) – Los hechos ocurridos en la ciudad en los últimos días dejan en evidencia la quiebra del sistema de salud en la Argentina.
Hoy le toca al sector privado estar en el ojo de la tormenta; pero ayer nomás, y todos los días, las carencias en la salud pública ocupan el centro de la escena de la preocupación general
¿Qué pasa con la salud en la Argentina? Seguramente no mucho más de lo que ocurre en cada una de las actividades de la vida nacional.
El avance sin pausa del estado sobre la actividad privada, en sentido contrario a las tendencias mundiales de las últimas décadas, va extendiendo como una mancha de aceite la ineficiencia del sector y demoliendo poco a poco lo que empresas o instituciones de segundo y tercer grado pueden construir.
Los particulares que encaran inversiones en el área de la salud terminan dependiendo de dos actores principales: el estado, especialmente a partir de la enorme cantidad de afiliados al PAMI y las obras sociales que pertenecen a gremios cuya subsistencia depende de la agilidad con la que el estado le gire los aportes correspondientes, quedando en estas épocas sujetas al juego «amigo-enemigo» que se ha impuesto desde el poder.
Con lo que queda en claro que es siempre el estado el que inclina la balanza hacia el platillo de la virtud o del vicio.
Los graves problemas de caja por los que atraviesa un gobierno dispendioso a la hora del gasto y poco eficiente al momento de generar políticas de competitividad que aumenten genuinamente el ingreso, han empujado al sistema de salud hacia el terreno de carencias que ya está abarcando a toda la actividad económica en la Argentina.
Lo que queda ahora en claro -teniendo en cuenta que la crisis de la medicina privada abarca hoy a todo el sector- es que la actual organización está agotada y va a resultar muy difícil replantearla.
Una alternativa, que creemos importante debatir, sería la creación de un sistema mixto a partir de la solución de un problema que hoy parece inabordable: la millonaria deuda que el sector privado tiene con el estado desde la puesta en vigencia de la ley de emergencia para el sistema de salud.
ESBOZO DE UN SISTEMA MIXTO
El proyecto supone el acceso de la totalidad de la población al sistema privado de salud.
En un primer nivel la población carenciada accede a la salud privada a partir de una prestación mínima equivalente a la P.B.U. (Prestación Básica Universal) con una cápita abonada por el estado.
Desde este punto y en orden creciente de prestaciones se generan niveles de cápita que podrán ser elegidos libremente por los ciudadanos de acuerdo a sus reales posibilidades y que culminarán con prestaciones equivalentes a nivel OSDE con un costo menor en un 30% al de la prepaga más cara.
Los centros privados de salud absorben el costo de la prestación a cambio de la deuda que mantienen con el estado a partir de la Ley de Emergencia Sanitaria.
Deberán aceptar tantas cápitas como sean las necesarias para pagar la cuota de dicha amortización de deuda en un plan de pago que se extenderá de acuerdo a la disposición del estado y que podría oscilar entre 50 y 80 pagos mensuales.
A esto se agregarán las cápitas equivalentes a la cuota regular mensual que dichos centros tengan en materia de cargas sociales y otras obligaciones con el estado, mecanismo que permitirá no acrecentar la deuda existente con deuda corriente.
180 días después de la puesta en vigencia de este sistema caducará la Ley de Emergencia Sanitaria y todos aquellos prestadores que no hayan aceptado integrarse al mismo deberán saldar sus deudas con el estado.
En una etapa posterior se podrán agregar los medicamentos al proyecto.
CONSECUENCIAS POSITIVAS DEL SISTEMA
1- El Estado aparece como regulador del sistema y no como un dueño dispendioso cuya presencia sirve tan sólo para distorsionarlo.
2- Toda la población contaría con atención sanitaria de primer nivel y se lograría una descentralización que serviría para descongestionar el sector público.
3- Las prestaciones de alta complejidad que hoy deben brindarse en hospitales públicos serían derivadas a establecimientos privados a un costo idéntico al que el estado afronta actualmente.
4- Los prestadores privados podrán cancelar sus deudas fiscales, previsionales e impositivas sin tener que desembolsar para ello dinero en efectivo.
5- Se limitaría al máximo la intermediación existente con lo que se abarataría fuertemente el costo del sistema sanitario argentino.
6- Una propuesta de esta magnitud no encontraría un rechazo fácil en la oposición que de otra forma quedaría en evidencia negándose a un sistema de salud universal. Del mismo modo los prestadores privados deberían aceptar un proyecto que además les resuelve el pago corriente de sus obligaciones a cambio de prestaciones.
Es tan sólo una idea pero su implementación asegura una asignación controlada de los fondos públicos y una solución de fondo para el sistema privado.
Tal vez valga la pena discutirlo.
