La emergencia alimentaria ya tiene media sanción

Con apoyo del oficialismo, la iniciativa opositora fue aprobada por 222 votos a favor y una abstención, la de la diputada del FIT Mónica Schlotthauer. Ahora, la iniciativa deberá ser discutida en el Senado.

Los legisladores aprobaron en el recinto el proyecto que se estima tendrá un costo fiscal de entre $8.000 a $10.000 millones. Ahora, la iniciativa deberá ser discutida en el Senado.

La sesión se inició a las 12:14 con un quórum de 135 diputados. El oficialismo, de acuerdo con un acuerdo previo, contribuyó al quórum y a reunir los 2 tercios necesarios para habilitar el debate del proyecto. Era necesaria esa mayoría especial porque la iniciativa no pasó antes por comisiones.

El acuerdo para llevar adelante la sesión incluyó un compromiso para acotar las cuestiones de privilegio y habilitar un orador por bloque.

El proyecto plantea la prórroga hasta el 31/12 del año 2022 de la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 108/2002 e impulsa la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional.

Asimismo, la iniciativa, que se unificó en base a 12 proyectos presentados por diferentes bloques opositores, establece «un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».

Según el artículos 5° del proyecto, a partir del 2020 se facultará al Jefe de Gabinete a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.

Para ello, se tomarán como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro ‘’alimentos y bebidas no alcohólicas’’ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El primer orador fue el diputado Daniel Arroyo (Red por Argentina). Calificó como “una catástrofe” la situación social en el país. Dijo que se ha incrementado la demanda en merenderos y comedores comunitarios y afirmó que la situación “se ha agravado en los últimos 20 días por la caída de la actividad económica y el aumento de los alimentos”.

Arroyo definió al proyecto como necesario “para garantizar lo mínimo, que es el abastecimiento de comedores escolares y comunitarios, así como de merenderos que se han abierto en estas últimas semanas en las zonas vulnerables”.

Desde la bancada oficialista, el diputado Héctor “Toty” Flores anticipó la decisión de Cambiemos de acompañar el tratamiento de la iniciativa, pero puso el acento en destacar los esfuerzos del Gobierno para luchar “contra una pobreza estructural que lleva décadas en la Argentina”. Subrayó que la actual administración nacional fue la que amplió los alcances de la Asignación Universal por Hijos al incluir a monotributistas e incrementar las partidas destinadas a asistencia social. Aludió también a las medidas adoptadas en los últimos días para aliviar la situación provocada por la devaluación posterior a las elecciones Primarias: eliminación del IVA en productos de la canasta básica, aumento del salario mínimo y de la Asignación Universal. Flores exhortó a “buscar la salida para el problema de la pobreza estructural, que no se resolvió cuando la Argentina crecía a tasas chinas y la soja estaba a seiscientos dólares la tonelada”.

El diputado Carlos Castagneto (FpV-PJ) consideró que “volver a tratar esta ley después de tantos años es una consecuencia de la falta de decisión política del gobierno nacional para incrementar las partidas presupuestarias alimentarias”.

En tanto, desde el bloque Justicialista, el diputado Juan José Bahillo sostuvo: “Queremos que el incremento presupuestario que promueve el proyecto de ley llegue a todas las provincias”. En ese sentido, el diputado pidió incorporar un artículo para establecer que “los fondos sean coparticipables a las provincias”.

Por su parte, Cecilia Moreau, del bloque Federal Unidos por una Nueva Argentina, consideró que –en los últimos años- “creció el número de familias viviendo en situación de calle y la concurrencia a comedores y merenderos”. “La pobreza se resuelve con políticas públicas estructurales y eficientes”, concluyó.

Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, admitió sentir “una sensación contradictoria: por un lado, la satisfacción de poder darle una respuesta institucional a un problema acuciante; por otro, que hoy lamentablemente tenemos un país en emergencia, donde llega tarde esta política pública”.

Desde SOMOS, Victoria Donda Pérez solicitó que la gente que está en la calle reclamando un Estado presente pueda volver a su casa con paz. “La emergencia alimentaria es una crisis que tiene como responsable a Mauricio Macri”, sentenció.

A continuación, la diputada Stella Mary Neder (Fte. Cívico por Santiago) aseguró que “desde mi experiencia en salud, para tener futuro, debemos dotar a nuestros niños de las herramientas nutricionales necesarias, y ese es un trabajo que tenemos que hacer de forma conjunta entre todas las instituciones del Estado”.

A su turno, el jujeño Andrés Vallone (Unidad Justicialista), interpeló al gobierno nacional a que “hay que asumir la realidad del hambre que vive el país, y sobre todo, en el interior”.

Desde el bloque Elijo Catamarca, Gustavo Saadi indicó: “En los últimos meses se sumaron 4 millones de pobres”. “Vamos a acompañar este proyecto para paliar el hambre”, adelantó.

A continuación, el diputado nacional Nicolás del Caño (PTS-Frente de Izquierda) se refirió a la crisis actual y remarcó: “Se trata, quizás, de la más grave desde el 2001”. “Estamos discutiendo una ley que es un paliativo pero no resuelve el problema del hambre”, finalizó el referente de la izquierda.

Luego, su par Romina del Plá (Frente de izquierda y de los trabajadores) responsabilizó “al Gobierno, a los gobernadores de todas las provincias y a todos los bloques políticos, por la actual crisis que vive el país”.

El diputado santafesino Luis Contingiani, desde el Frente Progresista Cívico y Social, consideró que “no hay democracia posible si no aseguramos la dignidad humana de las personas y de los pueblos, y hoy eso no está asegurado”. En ese sentido, enfatizó: “Desde la política debemos revertir este modelo económico de desigualdad y las causas estructurales del estancamiento de Argentina”.

Alejandro Ramos, del bloque Primero Argentina, instó a que el Gobierno asegure el alimento “en cantidad y calidad para toda la sociedad”. En otro orden, pidió “estimular el desarrollo de nuestras ciudades y provincias, definiendo sectores estratégicos para modificar la matriz productiva”.

Por su parte, el diputado José Ramón (Protectora), señaló que “este proyecto está hecho para conciliar con la sociedad y mitigar el hambre de la gente”. Aunque reclamó “mayor participación de las provincias en la coparticipación de las partidas”, dijo.

Asimismo, la legisladora de Chubut Rosa Muñoz (Frente Renovador) expresó que “la realidad nos supera, y necesitamos sacar con consenso a la Argentina de esta situación”.

En representación de la Izquierda Socialista-FIT, la diputada Mónica Schlotthauer expresó que la Argentina “está en indigencia y a punto del colapso”. Responsabilizó a los gobernantes porque esta ley “está vigente hace 17 años y nadie gobernó para que se acabe el hambre sino para intereses de los exportadores”. Como medidas propuso “nacionalizar el comercio exterior” y criticó la ley porque “el hambre no va a parar, son migajas”.