Redacción – Una disparatada decisión judicial , inventando un paso inexistente en los códigos, con la única intención de brindar a Cristina el escenario para un show que ayude a consagrar impunidad.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 resolvió hoy «hacer lugar» a la celebración de la audiencia oral y pública solicitada por la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y por el ministerio público fiscal en el marco de la causa del memorándum de entendimiento con Irán, informaron fuentes judiciales.
Lo resuelto representa tal vez la más grosera violación al estado de derecho producida en el país en los últimos años, toda vez que lo solicitado por la ex mandataria no es una figura o procedimiento judicial previsto en nuestra legislación.
Lo que pidió Cristina es una audiencia pública -una figura que no está prevista para estos casos- para plantear la nulidad de todo lo que se hizo y armar un escenario político donde volver a argumentar el lawfare en su contra. Pide la audiencia antes del juicio denunciando que los jueces Hornos y Borinsky, de Casación, iban a ver a Macri cuando decidieron reabrir el caso del Pacto con Irán.
Y aunque esto eventualmente fuese probado no afecta para nada la prueba recolectada por otro juez y otro fiscal. Los pasos procesales a seguir serían los de plantear la nulidad y ofrecer sus argumentos en la primera audiencia del debate. Pero eso no garantiza el show que seguramente montará Cristina destratando a los jueces y denunciando una persecución contra su persona.
Un juicio por encubrir terroristas, y sus temidas repercusiones internacionales, es lo que menos quiere ahora la ex presidente. Recuerda claramente los efectos devastadores sobre su persona, en el país y en el mundo, que produjo la causa Nisman, cuando los titulares de la prensa internacional arrojaban dudas y sospechas acerca de la participación que a ella y su gobierno le había correspondido en el trágico desenlace de la vida del fiscal. Y no quiere volver a pasar por eso.
Además el debate comienza con más de 300 testigos previstos a alguno de ellos podría depararle más tragos amargos a la vicepresidenta. Sobre todo quien será el número 56 y no es otro que Antonio Stiuso, el ya célebre ex espía que Néstor Kirchner utilizó como ariete de todas las maniobras surgidas desde la ex SIDE y al que Cristina terminó echando.
Y aunque la audiencia pública no figura en el Código Procesal porque representa la posibilidad de que un imputado hable ante el tribunal oral antes del juicio –justamente porque para eso está el juicio-, el fiscal Marcelo Colombo opinó que igual debería darse a Cristina esta oportunidad insólita.
Una triste imagen, una más, que narra mejor que mil palabras el estado de indefensión legal de la sociedad argentina.
Pero, salvada la dama...¿a quién le importa la sociedad o la Argentina?.
