La sindicalización policial sigue generando temores y controversias

Por Adrián Freijo – Mientras la justicia bonaerense se aferra a la reglamentación policial para prohibirla, en Córdoba la Cámara nacional de Apelaciones del Trabajo la autorizó.

Muchas veces nos hemos referido al delicado tema de la sindicalización policial, sus eventuales consecuencias y el debate que ha despertado en todos los niveles. También hemos escrito acerca de aquellos muchos países en los que la agremiación es permitida y en los que tal situación no ha generado inconveniente alguno.

También hemos desarrollado largamente los argumentos que desde los poderes públicos se esgrimen para justificar una negativa que, en el más leve de los casos, contradice principios constitucionales que otorgan a cada ciudadano la posibilidad y la libertad de agremiarse en búsqueda de la defensa de sus derechos.

En el caso de la provincia de Buenos Aires fue la justicia la que frenó tal posibilidad apoyándose en la propia reglamentación interna de la institución que prohíbe expresamente la sindicalización.

Después de examinar el debate constituyente de la Convención de 1957, los convenios de la OIT ratificados por la Argentina y el tratamiento constitucional y legislativo posterior que nuestro país dio al problema de la sindicalización de la policía, el Tribunal concluyó que el artículo 14 bis de la Constitución no concede dicho derecho al personal policial.

Pero…¿es aceptable que tal norma pueda elevarse sobre una de rango constitucional?.

La respuesta, por obvia, sería redundante…

En otras provincias argentinas la situación es distinta. En Córdoba, por solo poner un ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala 2, con los votos de los jueces Gonzalez y Pirolo  no solo avaló  el derecho de agremiación sino que abundó en la razonable restricción a las medidas de huelga o paro al determinar que el personal afectado al servicio no puede abandonar el mismo.

Concretamente, el tribunal fijó la obligación de mantener las guardias mínimas necesarias a cada circunstancia pero ordenó  al Ministerio de Trabajo que en el plazo de 10 días hábiles posteriores al fallo inscribiera sin más al nuevo sindicato.

El entonces ministro Carlos Tomada apeló la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien aceptó la alzada incoando el Expte. 560/2014 M que aún espera resolución. Cabe acotar que en el caso de la provincia mediterránea, la reglamentación interna de la fuerza no contiene esa cláusula de prohibición que en nuestra provincia pone en controversia el ejercicio del derecho reclamado.

Tras ser recibidos personalmente por el Secretario del máximo tribunal, los integrantes de la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina-Córdoba (UPPAC – 7 DE AGOSTO),  presentaron la documentación que así lo demostraba y desde entonces están a la espera de un fallo definitivo.

¿Importa a la sociedad la resolución de este conflicto o es un tema que solo afecta al personal policial?.

La respuesta surge del propio accionar del gremio cordobés, que ha realizado más de 700 denuncias por hechos de corrupción, logrando de tal forma no solo proteger el prestigio del personal de la fuerza -evitando el generalizado concepto de «policía corrupta»- al señalar a los verdaderos autores y/o responsables de actos semejantes, sino cuidando el interés general al poner en evidencia tales circunstancias.

Es recordada en ese sentido la denuncia por sobreprecios en el ploteo de 100 camionetas Amarok de la policía provincial. Mientras el precio pagado por la institución fue de $ 74.000 por cada una, UPPAC pudo demostrar que el valor real no superaba los $ 17.000. La causa está abierta y la verdad saliendo a la luz…

Lo mismo ocurrió con 76 armas 9 mm sin uso que fueron  robadas de la Jefatura policial junto con  3000 balas robadas del mismo lugar. Pese al esfuerzo por las jerarquías por ocultar el hecho, la denuncia del gremio puso en blanco sobre negro lo ocurrido y permitió conocer que al menos una parte importante del material fue a parar a manos de organizaciones delictivas.

Hace pocos día personal policial se tiroteó en el conocido Supermercado «A Granel» con una banda de malvivientes y secuestró una de aquellas armas robadas.

Pocas horas después, en otros dos enfrentamientos violentos, aparecieron otras dos pistolas del mismo origen. Un grave caso de corrupción que jamás habría salido a la luz si no fuese por el accionar del personal sindicalizado.

Y en lo referido a la situación interna del personal, más allá de las cuestiones meramente salariales, de equipamiento y de calidad laboral, la lucha por la seguridad de los efectivos y el elemental respeto a sus derechos humanos toma también el centro de la escena.

Y ni que decir del personal cesanteado o sancionado por intentar defender sus derechos y los de sus camaradas. Suele ser castigado para «que sirva de escarmiento» y todos vean lo que ocurre con quienes muestran la solidaria vocación gremial.

Hace pocas horas la agremiación cordobesa denunció que en la ciudad de Carlos Paz la seguridad es prestada por cadetes de la Escuela de Policía, algo expresamente prohibido ya que no están autorizados a portar armas, no cuentan con chalecos antibala y por supuesto carecen de la experiencia mínima necesaria para afrontar una tarea semejante.

Una vez más el márketing político atenta contra la integridad física de hombres y mujeres en plena fase formativa y por añadidura contra la seguridad de los ciudadanos.

Un estado de situación que pone en evidencia la necesidad de reconocer al personal policial de todo el país su derecho a la agremiación, protegerlo de los desmanejos políticos y de la corrupción y permitirles el ejercicio pleno -con la limitaciones propias de la actividad- de su condición de trabajadores y ciudadanos.

Será un gran paso adelante en la ardua tarea de recomponer la relación de la policía con la sociedad y un concreto acto de justicia.