Una jornada que puso en evidencia la fragilidad de la alianza oficialista, la sociedad entre sindicato y empresarios y la indefensión de la gente, con sus representantes «en otra cosa».
Con duras críticas al estudio de costos elaborado por el Departamento Técnico del Transporte y advertencias por la magnitud del caso de los “choferes fantasma”, el Concejo Deliberante aprobó un aumento del 16,27% en el boleto de colectivo, que llevará la tarifa plana de $ 5,90 a $ 6,86.
Tras un empate en la votación de 12 a 12, la balanza a favor del incremento la terminó por inclinar el presidente del cuerpo, Guillermo Sáenz Saralegui, con su voto doble. La ordenanza fue aprobada por la mayoría oficialista del interbloque Cambiemos, compuesta por la Agrupación Atlántica-PRO y el radicalismo, y rechazada por todo el arco opositor, que logró la aprobación de una moción para que se le envíe la desgrabación de la sesión a la Fiscalía General, que investiga la denuncia de los trabajadores falsamente registrados por empresas de transporte.
En el medio una jornada llena de tensiones, en la que una vez más crujió la alianza Cambiemos cuando los radicales pretendieron poner en cabeza de Arroyo la responsabilidad de firmar el aumento. La fragilidad del conglomerado es cada vez más notoria y ya nadie duda que poco falta para que este acuerdo prendido con alfileres vuele en mil pedazos.
Pero también una vez más quedó en evidencia la desembozada sociedad entre los empresarios de transporte y la UTA. Cuesta digerir que una asociación gremial, que más allá de su interés directo se supone que interpreta la defensa de los derechos de los trabajadores, amenace con medidas de fuerza y hasta con violencia en la calle…si no se castiga a los más necesitados con un nuevo aumento de boleto. Sería inaudito si no fuese tan obvio que detrás d tal actitud hay un negocio que lleva mucho dinero a los bolsillos de sus dirigentes.
Tan evidente como que Carlos Arroyo, como muchos de sus antecesores, no tiene intención alguna de «ponerle el cascabel al gato» y frenar esta entente patronal-sindical que ya hace muchos años se ha adueñado de un servicio público cada vez más caro e ineficiente.
Seamos claros: en años anteriores muchos funcionarios también se enriquecieron recibiendo por debajo de la mesa parte de estos beneficios que paga el pueblo. ¿Ocurre lo mismo ahora?, ¿el intendente no ve lo que ocurre?, ¿o no se anima a actuar?. O lo que es peor…¿alguien muy cerca suyo le oculta la realidad y se queda con un vuelto?.
En todo caso la razón indica que cuando se otorga un beneficio tan elevado como supone un aumento calculado en base a datos mentirosos que inflan los costos reales es de estúpidos pensar que ello es gratis.
En el medio, y como siempre, la gente observando como a «ellos» siempre les va mucho mejor que a «nosotros». ¿O no?
