Lo que debe saberse para que las fotomultas no sean “cazabobos”

Por Adrián FreijoLa aplicación del sistema no es un “permiso de caza irrestricto” para la administración. Deben cumplirse condiciones que, ausentes, vuelven nulo al acto. Acá están.

Para ser legales, las actas de infracciones por exceso de velocidad detectadas mediante radares o fotomultas deben cumplir una serie de pasos.  Y es bueno que el ciudadano las tenga presentes para en caso contrario plantear su defensa:

1. Homologación. Los radares tienen que estar homologados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y ese dato debe constar en el acta de la fotomulta.

Si así no fuese, el descargo del supuesto infractor deberá decir: “Por medio de la presente planteo la nulidad del acta de infracción por cuanto el radar no está homologado por la autoridad competente. Esto nulifica el acta y la infracción”.

2. Notificación. El acta debe ser notificada pero aunque ocurra ello se considera válida. Ahora bien, al momento de querer ejecutarla, el supuesto infractor podrá alegar la falta de notificación como violatoria de su derecho de defensa.
Descargo: “El acta de infracción, el acto administrativo y sus antecedentes nunca me fueron notificados. De esta manera, el municipio violó el debido proceso adjetivo, por cuanto me impidió el control del acto, ofrecer y producir pruebas, ser oído e impugnarlo. De esta manera, deviene nulo por haber violado esos pasos y mi derecho de defensa (artículo 18 de la constitución nacional).“

3. Notificación incompleta. La notificación de la fotomulta debe contener, como mínimo, estos datos:
Fecha en la que fue cometida la infracción
Lugar: sitio exacto en el que se produjo la contravención.
Imagen del vehículo y patente
Velocidad máxima permitida y a la que circulabas
Firma de autoridad pública
Datos del radar o cinemómetro utilidado (marca, modelo o código de aprobación y número de serie)
Número de disposición de ANSV que autoriza su uso
Matrícula entregada por la ANSV que habilita su uso
Datos del municipio que lo realizó, incluyendo controlador de faltas y juzgado de control (contacto del Juzgado de Faltas o tribunal administrativo)
Descargo: “El acta de infracción, el acto administrativo y sus antecedentes no indican [completar aquí los datos faltantes en dicho documento público]. De esta manera, el municipio violó el debido proceso adjetivo, por cuanto me impidió el control completo del acto, ofrecer y producir pruebas, ser oído e impugnarlo. De esta manera, deviene nulo por haber violado esos pasos y mi derecho de defensa (artículo 18 de la constitución nacional).“

4. Condiciones del operativo de control de velocidad.
Debe haber un cartel que indica la presencia del radar
Luego de ese cartel tiene que haber otro que indique la velocidad máxima.
Pueden detener o no al conductor (en general no lo hacen), esto no es requisito
Descargo: “El operativo de control incumplió los requisitos mínimos e indispensables de validez, en general se observaron deficiencias de señalización que impidieron a mi parte conocer la velocidad máxima en esa zona, lo cual nulifica todo lo actuado. En particular, el cartel no estaba ubicado a la distancia mínima de […] metros desde el radar de fiscalización y por ende debe anularse la multa que el municipio pretende imponerme.”

Todas las medidas que se tomen para ordenar la circulación vehicular y acotar el riesgo de accidentes son bienvenidas. Pero es necesario que todas ellas sean tomadas en el marco del respeto a la ley y dentro del mayor respeto a los derechos individuales, a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Deberá entonces el municipio cumplir con todos los requisitos antes señalados, sobre todo en lo que tiene que ver con la cartelería indicativa de la ubicación del equipo controlador y la identificación del/los agentes encargados de la manipulación de todos los elementos técnicos utilizados en el proceso.

En estos tiempos de empoderamiento ciudadano, es bueno que el gobierno municipal sepa que deberá ser puntilloso en el cumplimiento de la parte que le toca, ya que ningún contribuyente está dispuesto a dejarse atropellar por la actitud autoritaria, unilateral y soberbia con la que hasta el momento se han manejado sus relaciones con el poder, los Tribunales de Faltas y los agentes intervinientes en los operativos callejeros.

Porque aunque a muchos les pese, los derechos constitucionales aún están por encima de la tecnología…y la necesidad de recaudar para seguir pagando “la fiesta” de la política.