Los tribunales parados, la justicia ausente y el silencio cómplice

Por Adrián Freijo¿Por qué el gobierno niega insistentemente la vuelta del servicio de justicia?. Temores y verdades que se esconden detrás de una decisión que no tiene razón de ser.

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata presentó ayer una acción de amparo contra la Municipalidad de General Pueyrredon y la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de solicitar que se autorice tanto a la institución como a los profesionales del área a retomar sus tareas durante la pandemia de coronavirus, considerando esencial a su actividad.

Hace pocos días un grupo de ellos había manifestado frente a las puertas de los tribunales locales con la misma finalidad. En aquella ocasión una fuerte versión habló de la intención del fiscal general Daniel Adler de iniciar acciones contra los manifestantes por considerar que estaban violando las normas del aislamiento obligatorio. El propio funcionario, hombre cercano al kirchnerismo, se dedicó de desmentir que ello hubiese sido pensado, aunque desde la propia fiscalía hubo quienes insistieron reservadamente en que en algún momento se trabajó sobre esa hipótesis.

Este miércoles, un numeroso grupo de abogados de Córdoba salió a la calle para reclamar la reapertura de las sedes principales de la Justicia provincial.  Convocados en las redes sociales, protagonizaron la “marcha de las corbatas”, una gran caravana de vehículos por la capital cordobesa.

Los abogados se manifestaron junto a los empleados del Poder Judicial pidiendo que se reabran los edificios de Tribunales I y II, hoy fuera del cronograma previsto para su normal funcionamiento.

En tanto el integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti dejó un claro mensaje que muchos consideran el disparador de las acciones de amparo que por estas horas serán presentadas ante los tribunales provinciales por los colegios profesionales y por abogados de los foros provinciales, a título personal o colectivo.

Dijo Lorenzetti que “la limitación de la circulación y de las libertades tiene que terminar y enfocarse en donde se transmite el virus” y  reconoció que el aislamiento es válido pero debe estar limitado en el tiempo. «No puede ser un estado de excepción. Acá hay un riesgo de autoritarismo a nivel mundial” previno el magistrado.

Todo un mensaje hacia la sociedad pero también hacia adentro del cuerpo que integra, en el que las internas y las tensiones no son pocas.

Mientras quienes posan una mirada más corta sobre el tema, y lo hacen desde los pliegues de la grieta instalada en nuestra sociedad, afirman que lo que se busca es detener las causas por corrupción contra la ex presidente y muchos de sus colaboradores mientras se avanza en las libertades condicionales, crece en toda la sociedad un temor aún mayor: la limitación de las libertades individuales y la instalación de un gobierno que avance a fuerza de decretos sobre los derechos de los ciudadanos.

Sea por lo que fuese no es lógico ni prudente que la Argentina sea hoy un país sin administración de justicia. Porque algunas de las medidas tomadas -como la prolongación del aislamiento, la creación de de la app Cuidar que ha despertado sólidas críticas por convertirse en un sistema de control del estado sobre los ciudadanos, el cierre de barrios enteros que se convierten en verdaderos ghettos dentro de las ciudades, la falta de control del gasto público y las compras por parte de los organismos de gobierno, y la concentración de todas las decisiones en muy pocas manos- mucho se parecen a un intento de truncar la pirámide legal del estado democrático para convertirlo, al menos, en una autocracia.

No existe una razón lógica y sustentable para que la administración de justicia siga interrumpida. Realmente no existe. Si hay un poder del estado en el que puede organizarse un protocolo de seguridad sanitaria que permita su funcionamiento es justamente el Poder Judicial.

¿Puede sesionar el Congreso sin riesgo para sus integrantes?, ¿puede el Poder Ejecutivo seguir con sus funciones, incluidas visitas presidenciales a fábricas, reuniones con diferentes sectores, conferencias de prensa y todo lo que habitualmente se realiza desde el gobierno, respetando medidas de cuidado que además no siempre parecen ser cumplidas a rajatabla?. Aparentemente, si.

¿Por qué entonces los jueces no pueden estar en sus despachos, la receptoría de expedientes estar abierta y los tribunales avanzar en el tratado de causas que afectan derechos individuales de los ciudadanos y que en muchos casos requieren de un tratamiento urgente?.

Un país sin justicia es un país sin garantías; y Argentina es hoy, sin argumento de peso alguno, un país sin justicia.

Todos lo saben, todos sospechan de que se trata…pero nadie lo dice con todas las letras.

Ojalá cuando nos atrevamos a hablar no sea ya muy tarde.