“Macri-kirchnerismo”: el presidente designa por decreto a embajador procesado

El ex intendente de Almirante Brown es el nuevo representante de Argentina en el país latinoamericano. El presidente lo designó por decreto debido a que está procesado por defraudación pública.Se trata de la designación de Darío Giustozzi, ex intendente Almirante Brown y ex diputado nacional como nuevo embajador de Argentina en Ecuador.

“Es el pago por su voto, él mismo me lo insinuó hace poco”, aseguraron a la revista platense LaTecla.Info desde el armado del Frente Renovador en el distrito bonaerense, espacio que integró hasta hace meses atrás.

Si bien el pliego de Giustozzi ingresó al Senado cuando se llevó a cabo la última sesión del año, el jefe de Estado decidió no esperar a que se retome la actividad legislativa y lo nombró por decreto de Necesidad y Urgencia.

Según trascendió, la decisión fue tomada a raíz de su situación judicial. El exjefe comunal está procesado, por lo que en el caso de que llegase a la Cámara alta no iba a caer para nada bien en el bloque que integra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Cabe destacar que Giustozzi abandonó su banca como diputado nacional el pasado 9 de diciembre y su destino era aún incierto, por lo que “tanteaba” varias posibilidades, aunque su pase a Cambiemos era ya un hecho.

“En el Congreso votaron todo junto desde hace bastante tiempo, no lo hacen público porque él resta. En Almirante ya no le responde nadie y no suma más que un poco de gente para Regazzoni”, señalaron.

El ahora embajador en Ecuador dejó el Frente para la Victoria allá por 2013 para pasar al Frente Renovador. En 2015 decidió regresar al FPV luego de que se le negara la chance de ser candidato a Gobernador de Massa. Ahora, por fin, recala en Cambiemos.

A finales de octubre, fue procesado por el juez federal Sergio Torres, en una causa en la que se investiga la construcción de un sistema desvinculado de recolección y tratamiento de efluentes cloacales en Claypole que, pese a estar finalizado, la investigación determinó que no funciona.

El juez dictó el procesamiento sin prisión preventiva por el delito de administración fraudulenta y le trabó un embargo de 3.000.000 de pesos, al considerar que “se dilapidaron $ 4.971.753,92”, además de otros perjuicios para las arcas del Estado, “además de impedir el atendimiento en debido tiempo y forma de las problemáticas de salud y ambientales de la zona de influencia del proyecto”.

Ahora, consiguió un conchabo de la mano del oficialismo, que le pagará el favor de votarle las leyes con, nada más y nada menos, la embajada de Argentina en Ecuador.